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En respuesta a las consideraciones emitidas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en que es necesario aprobar las reformas al proyecto de ley 163, que modifica la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), el cual “No está escrito en piedra”, Toribio García, en representación de los pueblos originarios, presentó su propuesta en la que proponen soluciones reales, que van en el sentido de reforzar muchas de las que ya han sido planteadas por los diferentes sectores del país, en la búsqueda de soluciones integrales.
En su décimo día de consultas ciudadanas sobre este importante proyecto de ley, García señaló que se necesita la implementación del Plan Integral de Inversión en Desarrollo Humano en la comarca Ngäbe-Buglé, que constituye un mecanismo clave para abordar las raíces de la desigualdad y fomentar el desarrollo sostenible en una de las regiones más afectadas por la pobreza y la exclusión social.
Indicó que el plan se basa en un enfoque logístico con metas inmediatas, a mediano y largo plazo, que abarca los siguientes ejes:
- Educación y Capacitación, ya que la inversión en educación es un paso esencial para empoderar a las comunidades indígenas y campesinas,
- La formación técnica y el emprendimiento son pilares para generar oportunidades de empleo. Además, se propone la creación de centros de capacitación locales que brinden cursos en áreas claves, como la agricultura sostenible, tecnologías apropiadas, administración y turismo.
- Infraestructura, porque el acceso limitado a infraestructura básica es un obstáculo significativo para el desarrollo en la comarca.
También, se proponen programas de microfinanzas y asistencia técnica para los pequeños productores, así como la promoción de cooperativas que fortalezcan las cadenas de valor en la región.
Destacó García que, actualmente, la informalidad laboral en áreas rurales e indígenas impide que miles de trabajadores contribuyan al sistema, debilitando su sostenibilidad.
Igualmente, propuso la creación de un sistema de auditorías periódicas y la participación activa de organizaciones de la sociedad civil en la supervisión de los proyectos, debido a que su implementación generará un impacto significativo, tanto en el fortalecimiento de la CSS como en el desarrollo de las regiones vulnerables, reduciendo la pobreza al generar oportunidades económicas sostenibles y fomentar el desarrollo.
