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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha denunciado públicamente un presunto sobrecosto de 1.800 millones de dólares en la construcción de un puente sobre el Canal de Panamá, acusando directamente al gobierno anterior, liderado por Laurentino Cortizo. La controversia se centra en un proyecto que originalmente fue adjudicado en 2018, durante la administración de Juan Carlos Varela, a una empresa china por un monto de 1.400 millones de dólares. El plan inicial contemplaba la construcción de un puente que serviría tanto para una autopista como para una nueva línea de metro.
Sin embargo, al asumir el poder, Cortizo modificó el proyecto, optando por la construcción de un túnel subterráneo bajo el canal para la línea del metro. Esto implicaba que el puente, cuya construcción ya estaba en marcha, se destinaría exclusivamente al tránsito vehicular. Según Mulino, esta modificación, supuestamente destinada a ahorrar entre 500 y 600 millones de dólares, resultó en un gasto adicional de 1.800 millones de dólares, una cifra que el actual mandatario calificó como inaceptable.
Durante una visita a la obra, Mulino expresó su indignación ante lo que considera un manejo irresponsable de los fondos públicos. Anunció que el Ministerio de Obras Públicas presentará en los próximos días un informe detallado a la Fiscalía, con el objetivo de que se investiguen a fondo los presuntos sobrecostos pagados durante la administración anterior. La denuncia busca esclarecer si hubo irregularidades en la gestión del proyecto y determinar las responsabilidades correspondientes.
El puente en cuestión, cuya longitud alcanzará los 965 metros, está siendo construido por la misma empresa que ganó la licitación original en 2018. Paralelamente, se avanza en la construcción del túnel subterráneo, que tendrá una extensión de 4,5 kilómetros y permitirá la conexión de la tercera línea del metro entre la capital panameña y las localidades ubicadas en la otra ribera del Canal.
La denuncia de Mulino ha generado un intenso debate en Panamá, con opiniones divididas sobre la validez de las acusaciones y las motivaciones detrás de ellas. Mientras que algunos sectores respaldan la iniciativa del presidente, argumentando la necesidad de transparencia y rendición de cuentas, otros critican lo que consideran un intento de desprestigiar la gestión anterior. Lo cierto es que la investigación que llevará a cabo la Fiscalía será crucial para determinar si hubo irregularidades en la construcción del puente y si se justifica la denuncia de sobrecostos millonarios.
Este caso pone de manifiesto la importancia de una gestión eficiente y transparente de los proyectos de infraestructura, especialmente aquellos de gran envergadura como la ampliación y mejora del Canal de Panamá. La rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana son fundamentales para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y en beneficio de la sociedad.
