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Las protestas en Panamá contra la reforma de la Seguridad Social persisten, especialmente en la provincia caribeña de Bocas del Toro, donde manifestantes se enfrentan a la policía y rechazan cualquier diálogo con el gobierno. Los manifestantes, algunos encapuchados, han declarado su disposición a «dar sangre» para derogar la ley, utilizando piedras y palos como herramientas de protesta.
La situación en Bocas del Toro es crítica, agravada por el cierre de operaciones de la bananera Chiquita Panamá y el consecuente despido de sus trabajadores. Esta provincia, fronteriza con Costa Rica y dependiente del turismo y la industria bananera, enfrenta escasez de insumos básicos debido a los bloqueos de carreteras que la aíslan del resto del país. Las autoridades han establecido puentes aéreos para mitigar la escasez.
Las protestas, iniciadas en abril por sindicatos docentes y de la construcción, se intensificaron con la participación de los trabajadores bananeros de Bocas del Toro, quienes argumentan que la reforma de la Seguridad Social afecta sus beneficios laborales, previamente protegidos por una ley de 2017. Tras negociaciones, se aprobó una nueva ley especial con mayores beneficios para los trabajadores bananeros, a cambio del levantamiento de los bloqueos viales. Sin embargo, otros sectores de la sociedad civil y profesores desconocieron el acuerdo, manteniendo las manifestaciones.
Ante la persistencia de las protestas, el presidente José Raúl Mulino desplegó un fuerte contingente policial para despejar las vías en Bocas del Toro y la vecina provincia de Chiriquí. Hasta el momento, hay casi 50 detenidos y se han abierto 22 puntos de los más de 20 bloqueados en los últimos tres días, según el Ministerio de Seguridad de Panamá. Además, líderes sindicales que impulsaron las protestas han sido detenidos, y el dirigente del sindicato más poderoso del país se encuentra refugiado en la embajada de Bolivia tras estallar un caso de estafa agravada en su contra.
Francisco Smith, líder del sindicato bananero Sitraibana, quien negoció la ley especial para los trabajadores del banano y firmó el acuerdo para levantar los bloqueos, también fue detenido. Un tribunal legalizó su detención provisional por seis meses mientras se investigan cargos por apología del delito, delitos contra la administración pública, contra el transporte público y asociación ilícita para delinquir. La situación en Panamá sigue siendo tensa, con la población dividida entre la necesidad de reformas a la Seguridad Social y la defensa de los derechos laborales.
