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El Ministerio Público de Panamá ha iniciado una investigación formal contra el expresidente Laurentino Cortizo por presuntos delitos contra la administración pública, la libertad y la seguridad colectiva, un proceso que ha generado gran atención mediática y política en el país.
¿Por qué se investiga a Laurentino Cortizo?
La investigación surge a raíz de una querella presentada por el abogado Alejandro Pérez, representante legal del expresidente Ricardo Martinelli, quien actualmente se encuentra asilado en Colombia tras abandonar la embajada de Nicaragua en Panamá en febrero de 2024. Martinelli, quien fue inhabilitado como candidato presidencial antes de tener una sentencia en firme, alega ser víctima de persecución política y sostiene que se han fabricado casos en su contra, denunciando violaciones a sus derechos y dilaciones en el sistema judicial panameño.
Delitos señalados y otros implicados
La querella penal presentada no solo involucra a Cortizo, sino también al exvicepresidente José Gabriel Carrizo y a varios exfuncionarios de alto rango, incluyendo exministros, exjefes policiales y miembros del Consejo de Seguridad. Los delitos señalados abarcan:
- Peculado y malversación de fondos públicos
- Abuso de autoridad
- Infracción de deberes de servidores públicos
- Asociación ilícita
- Violación de la libertad individual y del derecho a la intimidad
Según la denuncia, se habrían utilizado fondos públicos para operaciones clandestinas y hostigamiento político, incluyendo la creación de empresas fantasma para ejecutar compras y alquileres ilegales con recursos estatales.
Avance de la investigación y competencia legal
El proceso está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que recibió la carpeta penal identificada con el número 202580010002. Sin embargo, la investigación enfrenta un reto legal: tanto Cortizo como Carrizo tienen derecho a ser miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tras dejar sus cargos, lo que podría trasladar la competencia investigativa a la Corte Suprema de Justicia, dependiendo de su estatus de juramentación.
El procurador general Javier Caraballo confirmó que han recibido varias denuncias contra Cortizo, incluyendo una por el supuesto uso de fondos públicos para financiar cirugías bariátricas a personas cercanas y otra por el manejo de $500 millones relacionados con Minera Panamá. Caraballo enfatizó que el Ministerio Público solo puede avanzar si se confirma que Cortizo no está protegido por fuero parlamentario en el Parlacen.
Contexto político y reacciones
El actual presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha pedido públicamente acelerar los procesos judiciales relacionados con corrupción y ha destacado que su gobierno no tiene “pacto de impunidad” con funcionarios de la administración anterior, refiriéndose directamente a Cortizo y Carrizo8. Mulino subrayó la lentitud de los procesos judiciales y la necesidad de que la justicia avance para responder al clamor ciudadano por transparencia y rendición de cuentas.
Conclusión
La investigación contra Laurentino Cortizo marca un episodio relevante en la lucha contra la corrupción en Panamá y refleja la tensión política entre administraciones. El avance del caso dependerá de factores legales sobre la competencia judicial y del desarrollo de las diligencias del Ministerio Público.
