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La agrupación Jóvenes Unidos por la Educación ha solicitado a las autoridades panameñas declarar un estado de emergencia educativa ante la prolongada paralización docente que ya supera los dos meses y amenaza con la pérdida del año escolar 2025. Este colectivo enfatiza la urgencia de aplicar las estrategias del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación (Copeme), que incluyen el uso de herramientas pedagógicas como televisión, radio educativa, módulos de aprendizaje y plataformas digitales para mitigar el impacto en el proceso formativo de los estudiantes.
El Ministerio de Educación (Meduca) ha reiterado que no impondrá sanciones a los docentes que retornen a sus labores y se comprometió a regularizar los pagos de salarios suspendidos a quienes se reincorporen, buscando asà incentivar el regreso a las aulas y evitar que la crisis educativa se profundice. La ministra Lucy Molinar ha declarado que se hará un «borrón y cuenta nueva» en beneficio de la juventud panameña, subrayando que continuar sacrificando el año escolar equivale a sacrificar el futuro del paÃs.
Por otro lado, los gremios docentes, liderados por la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de Panamá (Asomogrep), mantienen la huelga hasta que el Ejecutivo atienda sus demandas, principalmente la derogación de la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social, lo que complica la resolución inmediata del conflicto.
La prolongación del paro ha generado preocupación por el aumento de la deserción escolar, el trabajo infantil y el deterioro de las competencias académicas de toda una generación, lo que refuerza el argumento a favor de declarar un estado de emergencia educativa para tomar medidas extraordinarias que garanticen el derecho constitucional a la educación.
En conclusión, la crisis educativa en Panamá en 2025 ha alcanzado un punto crÃtico que ha motivado llamados urgentes para declarar un estado de emergencia educativa, con el fin de implementar soluciones rápidas y efectivas que eviten la pérdida del año escolar y protejan el futuro académico y social de los estudiantes.
