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El gobierno de Estados Unidos ha intensificado la aplicación de multas a inmigrantes indocumentados que no cumplen con las órdenes de deportación, una medida que ha generado controversia y preocupación en la comunidad migrante. La administración ha modificado una regulación federal para acelerar la imposición de estas sanciones económicas, eliminando el requisito de una notificación previa de 30 días y permitiendo la notificación por correo, sin necesidad de contacto directo.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), esta actualización agilizará los procedimientos administrativos relacionados con la política migratoria, permitiendo emitir sanciones de manera más rápida a quienes han incumplido resoluciones judiciales de expulsión o han ingresado al país de forma no autorizada. La medida se basa en una ley de 1996 que autoriza al gobierno a sancionar económicamente a extranjeros que no abandonen el país en los plazos establecidos.
Las multas varían según la infracción. Por ejemplo, se imponen entre 100 y 500 dólares por cada entrada o intento de entrada ilegal. No cumplir una orden de salida voluntaria puede acarrear multas de entre 1,992 y 9,970 dólares. Desobedecer una orden de expulsión puede resultar en una multa de hasta 998 dólares por día, con la posibilidad de aplicación retroactiva de hasta cinco años. La sanción máxima acumulada puede alcanzar los 1.8 millones de dólares por persona, dependiendo del tiempo de permanencia no autorizada.
Hasta el 13 de junio de 2025, se habían emitido alrededor de 10,000 notificaciones de sanción bajo el nuevo sistema de multas. Estas notificaciones, enviadas por correo, afectan a personas con órdenes de deportación emitidas por un juez de inmigración. Se estima que esta medida está dirigida a una población de 1.4 millones de personas con órdenes de expulsión activas en Estados Unidos.
¿Qué ocurre si no se paga la multa? El gobierno puede recurrir a vías civiles para exigir el cobro, incluyendo la confiscación de propiedades o bienes, siempre con autorización judicial y agotando los recursos legales disponibles. Aunque el derecho a apelar la sanción se mantiene, el nuevo reglamento acorta los plazos para presentar la apelación.
Para fomentar la salida voluntaria, el gobierno promueve el uso de la aplicación móvil CBP Home. A través de esta plataforma, los usuarios pueden gestionar su salida sin intervención directa de las autoridades, recibiendo beneficios como la cancelación total de la multa, un pasaje gratuito al país de origen y un estipendio de 1,000 dólares.
La imposición de estas sanciones se basa en la sección 274D de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, vigente desde 1996. Esta disposición permite al gobierno multar a quienes desobedezcan una orden de salida emitida por las cortes migratorias. Abogados de inmigración han reportado casos de clientes con multas superiores a 1 millón de dólares, correspondientes a personas con más de cinco años de permanencia irregular en el país.
El proceso para impugnar una sanción económica migratoria sigue habilitado, aunque con plazos de apelación reducidos. El Departamento de Justicia exige que todas las multas estén sustentadas por evidencia documentada del incumplimiento.
En el pasado, entre 2018 y 2020, se documentaron casos de multas migratorias elevadas, algunas de las cuales fueron anuladas tras disputas legales. Tras una suspensión en 2021, el programa fue restablecido en 2025 con criterios actualizados y el apoyo de herramientas digitales como CBP Home.
