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La agencia calificadora Moody’s Investors Service confirmó la calificación de riesgo soberano de Panamá en Baa3, manteniendo al país dentro del grado de inversión. Sin embargo, la perspectiva se mantiene negativa debido a los persistentes desafíos fiscales que enfrenta el país, principalmente relacionados con el crecimiento del gasto público, el déficit fiscal y la deuda pública.
En su informe más reciente, publicado el 3 de julio de 2025, Moody’s destacó que Panamá conserva fundamentos económicos sólidos, como un historial de crecimiento sostenido, una economía basada en servicios con fuerte inversión, y flujos estables provenientes del Canal de Panamá, cuyos ingresos mensuales promediaron 340 millones de dólares hasta mayo, superando los niveles del año anterior. Además, el Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de 2025 creció un 5.2%, reflejando un repunte económico importante.
La agencia valoró los esfuerzos del gobierno panameño, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, para encauzar la situación fiscal mediante reformas estructurales, como la reforma al sistema de pensiones y recortes presupuestarios por 1,900 millones de dólares, que evidencian voluntad política para enfrentar los desequilibrios fiscales.
No obstante, Moody’s advierte que la perspectiva negativa persistirá mientras no se implementen medidas concretas y creíbles para revertir el deterioro fiscal acumulado en los últimos años. En 2024, el déficit fiscal alcanzó el 7.4% del PIB y la deuda pública se elevó a cerca del 62% del PIB, cifras que representan un riesgo para la sostenibilidad financiera del país.
La calificadora también señala que la consolidación fiscal y reformas de políticas públicas son clave para frenar el deterioro del perfil crediticio soberano y evitar una posible pérdida del grado de inversión, lo que tendría un impacto negativo en los costos de financiamiento y la confianza internacional.
El gobierno panameño ha reiterado su compromiso con una política fiscal prudente, mayor transparencia presupuestaria y la promoción de reformas estructurales para garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda pública.
