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China busca consolidar su presencia en la Amazonía brasileña a través de la construcción de un controvertido ferrocarril de casi mil kilómetros, el Ferrogrão (EF-170). Este proyecto, junto con otras inversiones chinas en infraestructura y energía, plantea preocupaciones sobre los posibles impactos ambientales y sociales en una de las regiones más delicadas del mundo.
El ministro de Transportes brasileño, Renan Filho, anunció en Nueva York que la licitación para la construcción del Ferrogrão se llevará a cabo en julio de 2026, con la publicación de la convocatoria prevista para abril del próximo año. El ferrocarril, de 933 kilómetros, conectará Sinop, en el estado de Mato Grosso, con el puerto de Miritituba en Itaituba, Pará, proporcionando una ruta directa hacia la región del Arco Norte, crucial para la agroindustria brasileña. Se espera que el Ferrogrão reduzca los costos de transporte de cereales como la soja y el maíz en más del 20%, beneficiando a los productores de Mato Grosso y aliviando la presión sobre las carreteras.
Sin embargo, el proyecto enfrenta críticas y desafíos legales. Aún está pendiente la resolución de una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo Federal (STF) y el análisis de viabilidad por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU). Además, la China Communications Construction Company (CCCC) ha mostrado interés no solo en el Ferrogrão, sino también en otros proyectos ferroviarios ambiciosos y en el puerto de São Luís, generando inquietudes sobre el control chino de la infraestructura clave.
Maurício Angelo, director del Observatorio Brasileño de Minería, advierte sobre los complejos desafíos de infraestructura que presentan estos proyectos, incluyendo los impactos en unidades de conservación, territorios indígenas y pequeñas empresas agrícolas. Los riesgos incluyen la deforestación, el acaparamiento de tierras y la invasión de territorios indígenas, además de un mayor acceso a áreas previamente inaccesibles.
Más allá del Ferrogrão, China ha invertido alrededor de 66.000 millones de dólares en Brasil en los últimos 14 años, con un enfoque en energía e infraestructura. Un acuerdo reciente entre China y Brasil para construir un Corredor Bioceánico, una ferrovía transoceánica para conectar Brasil con Perú, también genera preocupación. Este corredor podría multiplicar los impactos ambientales y sociales en ecosistemas delicados si no se regula adecuadamente, afectando zonas de selva y sabana tropical como el Cerrado y el Pantanal.
Aunque la ruta original del Corredor Bioceánico que atravesaba la Amazonía fue descartada, la nueva hipótesis prevé un trazado que aún cruza los estados amazónicos de Acre y Tocantins. Este proyecto, junto con el Ferrocarril de Integración Oeste-Este (FIOL), podría aumentar los riesgos de expropiación ilegal de tierras, deforestación y tráfico de drogas, afectando a pueblos indígenas como los Shipibo-Conibo y los Asháninkas.
La deforestación en la Amazonía sigue siendo un problema grave, con un aumento del 27% en la primera mitad de 2025 en comparación con el año anterior. Además, el Corredor Bioceánico afectaría al Cerrado brasileño, un ecosistema diverso ya amenazado por la producción de soja.
En el sector energético, la China Three Gorges Corporation (CTG) ha realizado proyectos hidroeléctricos en colaboración con la empresa portuguesa EDP. La State Grid Corporation of China controla la conexión de la Amazonía con el resto del país y se adjudicó la realización de la línea de transmisión más larga del Nordeste.
China también utiliza las facilidades fiscales de la zona franca de Manaus para establecer fábricas. Además, ha mostrado interés en los recursos minerales de la Amazonía, incluyendo el niobio y otras tierras raras. En 2009, la compañía china Nonferrous Metals Company adquirió la brasileña Mineração Taboca, propietaria de la mina de Pitinga.
Ante esta creciente presencia china, Brasil se enfrenta a la necesidad de establecer un marco normativo más riguroso que equilibre desarrollo y sostenibilidad. Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados prevé una Política Nacional para los Minerales Críticos y la creación de líneas de crédito para la investigación en este ámbito. Reforzar las instituciones, garantizar la transparencia y escuchar a las comunidades locales son pasos fundamentales para evitar que la Amazonía se convierta en un «territorio sin ley» bajo influencia extranjera.
