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La situación legal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha dado un giro significativo. La Corte Suprema de Brasil ha impuesto nuevas medidas cautelares en su contra, en el marco del proceso judicial que enfrenta por presunto golpismo. Entre las restricciones más destacadas se encuentran el uso obligatorio de una tobillera electrónica y la prohibición de acceder a sus redes sociales, una herramienta que Bolsonaro ha utilizado ampliamente en el pasado para comunicarse con sus seguidores.
Además de estas medidas, el alto tribunal ha dictaminado que Bolsonaro no puede acercarse a embajadas ni mantener comunicación con diplomáticos extranjeros. Tampoco podrá interactuar con otros investigados o procesados en el mismo caso por golpismo, buscando así evitar cualquier coordinación o influencia indebida en el proceso judicial. La Policía Federal ya ha realizado registros en propiedades vinculadas al exmandatario, incluyendo su domicilio en Brasilia y la sede del Partido Liberal (PL), la formación que lidera.
Estas acciones judiciales se producen en un contexto de creciente tensión política y diplomática. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado públicamente su apoyo a Bolsonaro, calificando el juicio en su contra como una “caza de brujas”. Trump ha llegado incluso a anunciar un arancel adicional del 50 % a las importaciones brasileñas, alegando motivos políticos, entre ellos el juicio contra Bolsonaro y supuestas órdenes del Supremo brasileño para bloquear perfiles en redes sociales que difunden noticias falsas.
Esta injerencia de Trump ha provocado una crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha defendido la independencia del Poder Judicial de su país y ha calificado los comentarios de Trump como un “chantaje inaceptable”. La situación se agrava con el envío de cartas de apoyo de Trump a Bolsonaro, en las que expresa su confianza en un “cambio de rumbo” del Gobierno de Brasil y pide el fin de lo que considera un “régimen de censura”.
Trump ha utilizado su plataforma Truth Social para insistir en que Bolsonaro está siendo víctima de un “sistema injusto” y ha instado a que se detenga el juicio de inmediato. Además, ha criticado los “ataques a la libertad de expresión” en Brasil y Estados Unidos, provenientes del gobierno actual. Esta postura de Trump no parece indicar una desescalada en la crisis entre ambos países, a pesar de que Brasil ha manifestado su disposición a continuar las negociaciones comerciales.
Mientras tanto, en Brasil, el partido de Lula ha solicitado a la Corte Suprema la detención preventiva del hijo de Jair Bolsonaro, alegando que habría negociado aranceles contra productos brasileños en represalia por el juicio contra su padre. Este nuevo capítulo añade más complejidad a una situación ya de por sí tensa, con implicaciones políticas, judiciales y diplomáticas que podrían afectar el futuro de Brasil y sus relaciones internacionales. Bolsonaro enfrenta acusaciones graves, que podrían acarrear penas de hasta 40 años de prisión, mientras que la interferencia de Trump agudiza la polarización y la incertidumbre en el escenario político brasileño.
