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Colombia se encuentra a la espera de una sentencia sin precedentes contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue condenado en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno de testigos en actuación penal. La jueza Sandra Heredia, tras casi 475 días de proceso, anunció el pasado lunes la culpabilidad de Uribe y este viernes, a partir de las dos de la tarde, dará a conocer la duración y el lugar donde deberá cumplir la pena. La Fiscalía solicitó la pena máxima de nueve años de prisión, mientras que la defensa pide que se mantenga la libertad del exmandatario e incluso que la pena se pudiera cumplir en su domicilio, la finca El Ubérrimo, en Córdoba.
Esta decisión tiene gran impacto político y social. Si la pena se cumple de forma inmediata, significaría la primera vez en la historia moderna del país que un expresidente es privado de libertad, situación que polariza a la opinión pública: los opositores buscan la máxima sanción inmediata, mientras que sus seguidores reclaman que continúe libre hasta que se resuelva la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. La defensa adelantará recursos legales que podrían llevar el caso hasta la Corte Suprema.
Expertos penalistas han estimado que la pena podría ubicarse entre siete y nueve años, dado que Uribe fue declarado culpable en tres instancias por soborno y en dos por fraude procesal. La jueza tendrá que valorar no solo la pena, sino también si se cumple en prisión o en arresto domiciliario, considerando la actitud disciplinada de Uribe durante el juicio y que ya enfrentó una detención preventiva en 2020.
El juicio, que se remonta a investigaciones iniciadas en 2014, resalta la complejidad y el peso político del caso. La condena se basó en pruebas legales clave como interceptaciones telefónicas y testimonios considerados creíbles, mientras que la defensa presentó testigos cuyo testimonio fue desacreditado.
El proceso ha generado profundas divisiones en Colombia: el gobierno de izquierda ha celebrado la sentencia, mientras que el Centro Democrático, partido de Uribe, la repudia y ha propuesto reformas judiciales para evitar lo que considera politización de la justicia. El resultado de esta sentencia y sus apelaciones tendrán consecuencias significativas en la política colombiana, especialmente de cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales.
