En medio de una creciente indignación pública, el contralor general de la República, Anel Flores, ha anunciado que su despacho prepara una demanda de inconstitucionalidad contra el fondo especial de retiro que permitiría a los magistrados de la Corte Suprema y jueces jubilarse con un porcentaje de su último salario. Esta medida, aprobada por la propia Corte, ha sido calificada como «inconveniente» y «un abuso» en un momento de fragilidad fiscal para el país.
Detalles y Argumentos de la Demanda
La Contraloría General de la República (CGR) presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el artículo que creó el fondo especial de jubilaciones. El contralor Flores ha argumentado que este tipo de «autoaumentos» son perjudiciales para la economía de Panamá y que contrastan con la realidad fiscal y la situación de los panameños de a pie.
A pesar de que el contralor reconoce que la demanda será resuelta por los propios magistrados de la Corte, ha expresado su esperanza de que «recapaciten» y «tomen conciencia del daño» que esta decisión le causa a la economía del país.
Contexto de la Controversia
La polémica en torno a las jubilaciones especiales se intensificó luego de que se hiciera público el acuerdo del pleno de la Corte Suprema de Justicia. Este acuerdo establece que los magistrados podrán recibir una compensación que los jubilaría con el 100% de su último salario, mientras que los jueces de otras instancias recibirían un porcentaje menor. La decisión ha sido rechazada por diversas organizaciones, como el Movimiento de Abogados de la Corte (MOCA), y ha sido criticada por figuras políticas como el expresidente Martín Torrijos.