La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha anunciado un ambicioso plan para convertirse en una operación con cero emisiones de carbono para 2050, alineándose con las metas globales de sostenibilidad del sector marítimo. La ACP destaca sus inversiones en remolcadores híbridos y sus esfuerzos por incentivar a los buques a usar combustibles más limpios a través de un nuevo sistema de peajes. Sin embargo, estas promesas han sido recibidas con una fuerte dosis de escepticismo por parte de ambientalistas y expertos.
La principal crítica: El elefante en el salón es la crisis del agua
La mayor preocupación de los grupos ecologistas no es la emisión de carbono de los barcos, sino el uso de agua dulce del Canal. El biólogo Isaías Ramos ha señalado que, mientras la ACP se centra en el «greenwashing» y en las emisiones, la verdadera amenaza es la crisis hídrica que enfrenta el país. Los ambientalistas sostienen que el Canal no ha logrado un equilibrio entre la necesidad operativa y el derecho de la población al agua potable, una situación agravada por las sequías.
Además, hay críticas sobre la falta de transparencia y la escasa participación de la sociedad civil en el desarrollo de estos planes. La construcción de nuevos embalses ha generado protestas en comunidades cercanas, que temen perder sus tierras sin un debido proceso o una compensación justa.
Un camino de dos vías: Economía y ambiente
El debate pone de manifiesto una encrucijada para Panamá. Mientras que el Canal es un motor crucial de la economía, con un papel vital en el comercio global, la sostenibilidad de su operación a largo plazo está en duda si no se resuelven los problemas ambientales de fondo. El escepticismo de los ambientalistas refleja un creciente llamado a que la ACP no solo hable de sostenibilidad, sino que también actúe con transparencia y ponga el bienestar de los ecosistemas y las comunidades en el centro de su estrategia.