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La prisión de Evin, ubicada en Teherán, Irán, y tristemente célebre como símbolo de la opresión del régimen, ha reabierto parcialmente sus puertas tras un devastador ataque militar israelí ocurrido en junio. A pesar de los daños significativos, alrededor de 600 presos, en su mayoría disidentes y figuras políticas, han sido trasladados de vuelta a la prisión en medio de condiciones precarias y denuncias de abusos.
El ataque, que tuvo lugar en el marco de la Guerra de los 12 días, dejó la prisión en ruinas, con edificios administrativos, centros de visitas, el hospital y otras áreas residenciales sin reconstruir. El bombardeo resultó en la muerte de 80 personas, incluyendo personal penitenciario, trabajadores sociales, familiares de presos y el fiscal jefe de la prisión.
La reapertura parcial de Evin, apenas dos meses después del ataque, ha generado controversia y preocupación. Los presos han sido reubicados en dos pabellones restaurados de manera apresurada, carentes de servicios básicos como aire acondicionado, en medio de una ola de calor extremo. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que estas condiciones no cumplen con los estándares mínimos para la vida humana.
Behzad Panahi, un preso político, ha iniciado una huelga de hambre en protesta por las condiciones inhumanas en la prisión, describiéndola como un «oscuro calabozo». Saeid Dehghan, abogado de derechos humanos, ha afirmado que mantener a los presos sin acceso a atención médica o saneamiento es una violación de la normativa iraní.
Además de las condiciones materiales, se han denunciado malos tratos físicos. Presos han relatado haber sido encadenados y golpeados durante los traslados a otras instalaciones después del ataque y en el retorno a Evin. Abolfazl Ghadyani, de 80 años, y Mostafa Tajzadeh, de 68, figuran entre los que supuestamente fueron agredidos por los guardias durante un forcejeo por negarse a ser esposados. La judicatura iraní ha negado estas acusaciones.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han condenado el ataque israelí como un crimen de guerra y han exigido investigaciones internacionales independientes. También han criticado el trato recibido por los presos tras el bombardeo.
Funcionarios iraníes han descrito la reapertura de Evin como un acto de desafío ante Israel, destinado a demostrar que los ataques no lograron cerrar un símbolo de la represión estatal. Sin embargo, familiares de los presos han expresado su desolación ante la situación. Fakhri Mohtashamipour, esposa de Mostafa Tajzadeh, relató que la prisión está en ruinas y que las reuniones con los internos se realizan en cabinas improvisadas entre los escombros. Los presos no han recuperado sus pertenencias personales y viven en una sensación de desarraigo.
La prisión de Evin, con su historia de abusos y represión política, sigue siendo un punto crítico en la situación de los derechos humanos en Irán. Su reapertura parcial en estas condiciones plantea serias dudas sobre el compromiso del régimen con el bienestar y la dignidad de sus prisioneros.
