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Estados Unidos investiga activamente una red de «puentes aéreos» que facilitan el tráfico de drogas desde Venezuela y otros países latinoamericanos hacia su territorio. La fiscal general Pam Bondi reveló detalles de esta investigación en una conferencia de prensa en Nueva York, en el marco de la declaración de culpabilidad de Ismael «El Mayo» Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.
Según Bondi, el término «puente aéreo» se utiliza en las fuerzas de seguridad para describir la ruta que los narcotraficantes emplean para transportar drogas desde países como Venezuela, Honduras, Guatemala y México hacia Estados Unidos. Esta operación ilícita se basa en el soborno de funcionarios gubernamentales y agentes del orden locales para permitir el paso sin ser detectados.
La investigación en curso se extiende a varios países, con el objetivo de desmantelar esta infraestructura aérea delictiva. La reciente condena de Zambada se vincula directamente con la expansión de esta investigación internacional, demostrando el compromiso de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales.
Bondi enfatizó que, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Estado ha designado al Cártel de Sinaloa, junto con otras organizaciones, como organizaciones terroristas extranjeras debido a la grave amenaza que representan para la seguridad nacional. La estrategia estadounidense prioriza el desmantelamiento de las cadenas de mando del narcotráfico internacional, persiguiendo a los líderes de las organizaciones criminales hasta su detención y encarcelamiento en prisiones estadounidenses.
La fiscal general celebró la aceptación de culpabilidad de Zambada, quien enfrentaba acusaciones en 16 tribunales federales estadounidenses desde 2009. Su condena a cadena perpetua representa una victoria histórica para el Departamento de Justicia, asegurando que «El Mayo» pasará el resto de su vida tras las rejas en una prisión federal estadounidense. Zambada admitió haber traficado 1.500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, además de otras sustancias ilícitas, y haber sobornado a funcionarios para proteger las actividades del cártel.
El acuerdo de culpabilidad implica la confiscación de aproximadamente 15.000 millones de dólares en bienes y activos generados por el narcotraficante. Zambada fue detenido en julio del año anterior al aterrizar en Nuevo México junto con Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán.
Bondi también reconoció la cooperación del gobierno mexicano en la extradición de altos mandos de otros cárteles, calificando al Cártel de Sinaloa como una organización narcoterrorista. A pesar de esta cooperación, la administración de Claudia Sheinbaum en México ha expresado cuestionamientos sobre la política de negociar con presuntos terroristas en este contexto.
