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Un reciente fallo de un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha puesto en jaque la política comercial implementada por el presidente Donald Trump, declarando ilegales la mayoría de los aranceles globales impuestos durante su administración. Esta decisión, que afecta a los aranceles «recíprocos» aplicados a numerosos países, incluyendo China, México y Canadá, ha desatado un debate legal y político de gran alcance.
El tribunal, en una votación de 7 contra 4, rechazó el argumento de Trump de que estos aranceles estaban justificados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Según el tribunal, la imposición de aranceles es una facultad esencial del Congreso y no puede ser delegada al presidente a través de esta ley. La decisión, sin embargo, no entrará en vigor de inmediato, dando tiempo al gobierno para apelar ante la Corte Suprema.
La reacción de Trump no se hizo esperar. A través de su cuenta en Truth Social, el expresidente criticó duramente el fallo, advirtiendo que, de mantenerse, la decisión podría «destruir a Estados Unidos de América». Trump defendió la necesidad de estos aranceles para mantener la fortaleza financiera del país y protegerlo de prácticas comerciales injustas.
La IEEPA, invocada por Trump para justificar los aranceles, otorga al presidente la capacidad de actuar ante amenazas «inusuales y extraordinarias». Sin embargo, el tribunal argumentó que esta ley no contempla la imposición de aranceles y que otorgar tal poder al presidente sin la autorización explícita del Congreso sería una extralimitación de sus funciones.
El fallo se basa en dos demandas presentadas por pequeñas empresas y una coalición de estados, quienes argumentaron que los aranceles impuestos por Trump eran ilegales. Estas demandas se originaron tras las órdenes ejecutivas de abril, que establecieron un arancel base del 10% a casi todos los países del mundo, así como aranceles «recíprocos» a diversas naciones.
Si bien este fallo anula los aranceles impuestos a Canadá, México y China, así como los aranceles «recíprocos» globales, no afecta a otros aranceles, como los impuestos al acero y al aluminio, que fueron implementados bajo una autoridad presidencial diferente.
La administración Trump había argumentado que invalidar los aranceles podría tener consecuencias catastróficas para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos, incluso comparándolo con el colapso financiero de 1929. Sin embargo, el tribunal no compartió esta visión, reafirmando el papel del Congreso en la regulación del comercio internacional.
Este fallo plantea importantes interrogantes sobre el alcance del poder presidencial en materia comercial y la necesidad de una clara autorización del Congreso para la implementación de políticas arancelarias de gran envergadura. Ahora, la atención se centra en la posible apelación ante la Corte Suprema, que deberá decidir si el programa arancelario de Trump se ajusta a la ley y a la autoridad del presidente, o si representa una extralimitación de sus funciones. La decisión final de la Corte Suprema tendrá un impacto significativo en el futuro de la política comercial de Estados Unidos y sus relaciones con el resto del mundo.
