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En un giro radical en la estrategia de lucha contra el narcotráfico, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha expresado públicamente su apoyo a la utilización de la fuerza letal contra los miembros de los cárteles de la droga. Esta declaración se produce en un contexto de crecientes tensiones en la región del Caribe, marcadas por despliegues militares y acusaciones cruzadas entre Washington y Caracas.
Vance, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), afirmó que «Matar a miembros de carteles que envenenan a nuestros ciudadanos es el mayor y mejor uso de nuestras fuerzas armadas». Esta contundente declaración se produce en paralelo al despliegue de cazas F-35 en una base aérea en Puerto Rico, como parte de las operaciones en curso para combatir el narcotráfico en la región.
Este despliegue militar se produce tras un incidente en aguas del Caribe, donde fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque letal contra una narcolancha, supuestamente perteneciente al Tren de Aragua. Según el Pentágono, la embarcación transportaba drogas ilícitas con destino a Estados Unidos. La operación resultó en la muerte de once personas, un hecho que la administración Trump vinculó directamente con el Cartel de los Soles y el gobierno de Nicolás Maduro.
La situación se ha visto aún más tensa por la denuncia del Departamento de Defensa estadounidense sobre un incidente en el que dos cazas F-16 venezolanos sobrevolaron el destructor USS Jason Dunham en aguas internacionales del Caribe. El Pentágono calificó la maniobra como «provocativa», reafirmando que continuará operando «con libertad y seguridad en cualquier parte del mundo donde lo permita el derecho internacional».
En este clima de tensión, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante una visita a México, declaró que la mera interceptación de cargamentos de droga «ya no funciona», advirtiendo que Washington volverá a atacar embarcaciones asociadas al narcotráfico. Rubio también mencionó la posibilidad de reinstalar una base militar en Ecuador, una propuesta que fue recibida con críticas por parte del gobierno de Maduro, quien la calificó como una «ofensa».
Las declaraciones del vicepresidente Vance y las acciones recientes de la administración estadounidense señalan un endurecimiento en la política de lucha contra el narcotráfico, con un enfoque cada vez mayor en la confrontación directa y el uso de la fuerza militar. Esta nueva estrategia, sin embargo, plantea serias interrogantes sobre las implicaciones para la estabilidad regional y el respeto al derecho internacional. El debate sobre la efectividad y la ética de esta política está lejos de terminar, y sus consecuencias a largo plazo aún están por verse.
