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Francia se enfrenta a una intensa jornada de protestas este miércoles, con bloqueos generalizados, barricadas y enfrentamientos en las principales ciudades y carreteras del país. La movilización, impulsada por sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones de izquierda, busca paralizar la nación en respuesta a los planes de ajuste económico del gobierno.
Desde la madrugada, los manifestantes han interrumpido el tráfico en autopistas clave, circunvalaciones y accesos a ciudades importantes como París, Lyon, Marsella y Rennes. La consigna es clara: «bloquear todo» para ejercer presión sobre el gobierno y forzar un cambio en las políticas económicas.
En París, la situación es particularmente tensa. Las fuerzas de seguridad han intervenido para mantener abierto el Boulevard Périphérique, la vital arteria que rodea la capital. Sin embargo, barricadas y piquetes lograron cortar temporalmente accesos estratégicos como la Puerta de Bagnolet y la Puerta de la Chapelle, generando importantes embotellamientos y la respuesta inmediata de la policía. Según la Prefectura, hasta las 8 de la mañana se habían detenido al menos a 75 personas en París y sus alrededores.
El ministro del Interior, Bruno Retailleau, ha ordenado operativos preventivos a gran escala para responder con rapidez a cualquier intento de bloqueo y garantizar el orden público. La protesta se ha extendido a regiones occidentales como Rennes y Nantes, donde también se reportaron cortes de carreteras y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas antidisturbios. En Rennes, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar una concentración que bloqueaba una autopista local.
Lyon también se ha visto afectada, con la autopista M7 interrumpida a la altura de la estación Perrache. En Poitiers, la autopista A10 también fue bloqueada, según informó la concesionaria Vinci. Marsella ha experimentado el caos en el transporte público, con barricadas levantadas en rutas principales y en la red de tranvías, interrumpiendo el servicio desde primera hora.
Esta ola de protestas surge tras la reciente remoción del primer ministro François Bayrou y el nombramiento de Sébastien Lecornu, ex ministro de Defensa, como nuevo jefe de gobierno. La inestabilidad política y el profundo rechazo a las medidas de ajuste han actuado como catalizadores de la movilización social. La Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los principales sindicatos del país, estima que se llevarán a cabo más de 700 acciones de protesta en empresas, infraestructuras estratégicas y servicios públicos a lo largo de la jornada.
Retailleau, quien supervisó personalmente la seguridad en el mercado mayorista de Rungis, atribuyó la radicalización de las protestas a la influencia de La Francia Insumisa (LFI), el partido de izquierda radical. Advirtió sobre el riesgo de movimientos más intensos, aunque reconoció que la politización podría desmotivar a algunos participantes.
El despliegue policial es masivo, con 80.000 agentes movilizados en todo el país para prevenir bloqueos y garantizar el funcionamiento de las infraestructuras esenciales. Incidentes adicionales, como un incendio de cables, obligaron a suspender el tráfico ferroviario entre Toulouse y Auch, y se registraron cortes eléctricos en varias ciudades.
Las autoridades se mantienen en alerta y coordinan nuevas intervenciones ante la evolución constante de la protesta. Francia se enfrenta a una encrucijada: avanzar con el ajuste económico o ceder ante la presión de un movimiento social capaz de paralizar el país. La respuesta política y las próximas acciones de los manifestantes serán cruciales para determinar el futuro de esta crisis, que mantiene en vilo a la sociedad francesa y a la comunidad internacional.
