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Una serie de ciberataques recientes en Brasil han puesto en jaque al sistema financiero y han generado preocupación sobre la seguridad del gasto público. En un incidente reciente, la Policía Federal frustró un ataque que tenía como objetivo desviar fondos de la cuenta PI (pago instantáneo) de la Caixa Econômica Federal, uno de los principales bancos públicos del país, y sustraer fondos de programas gubernamentales y del presupuesto público. Este ataque, de haber tenido éxito, habría comprometido la solidez de las instituciones financieras y la capacidad del Estado para financiar el gasto público.
Según las investigaciones, el grupo responsable de este intento de robo es el mismo que perpetró el mayor golpe informático en la historia de Brasil el pasado 30 de junio, sustrayendo 800 millones de reales (150 millones de dólares) de ocho bancos. En ese caso, la banda sobornó a un empleado de C&M, un proveedor de servicios tecnológicos que conecta a bancos y empresas fintech al sistema Pix, el sistema de transferencias bancarias rápidas del Banco Central.
Este intento de ataque es el último capítulo de una escalada de ciberataques que han afectado al sistema financiero brasileño en las últimas semanas. El 29 de agosto, Sinqia, una empresa tecnológica que interconecta instituciones financieras, fue atacada, resultando en el robo de 710 millones de reales (133 millones de dólares), de los cuales 583 millones de reales (109 millones de dólares) fueron bloqueados por el Banco Central. El banco HSBC fue la principal víctima de este ataque.
Fuentes de la investigación no descartan la hipótesis de que estos ataques sean coordinados por el crimen organizado como venganza por las operaciones policiales contra la trama financiera del Primer Comando de la Capital (PCC), que utiliza fintech para blanquear sus ganancias ilícitas. El 2 de septiembre, la fintech Monbank también denunció un robo cibernético de 4,9 millones de reales (unos 917 mil dólares), afectando la cuenta de reserva del banco.
Ante esta creciente ola de ciberataques, el Banco Central ha emitido alertas de seguridad y ha tomado medidas para reforzar la seguridad del sistema financiero. Se han establecido límites máximos para las transferencias bancarias digitales realizadas a través de instituciones de pago no autorizadas, y se ha adelantado la fecha límite para que estas instituciones soliciten la licencia para operar.
Las investigaciones revelan que los delincuentes están utilizando técnicas sofisticadas de lavado digital y explotando las fallas estructurales del sistema Pix para llevar a cabo estos robos. La Policía Federal considera que se trata de una organización criminal transnacional capaz de orquestar el robo de cifras astronómicas y blanquearlas a través de criptomonedas.
El PCC, una de las organizaciones criminales más grandes de Brasil, ha evolucionado rápidamente en el sector cibernético y se ha especializado en el blanqueo de dinero a través de criptomonedas. La organización utiliza empresas con sede en Londres y está cada vez más presente en el sector de la minería ilegal de monedas virtuales, especialmente en países vecinos como Paraguay.
El Banco Central ha expresado su preocupación por el aumento del uso de las stablecoins, un tipo de criptomoneda diseñada para mantener un valor estable, en transacciones financieras ilícitas. Se espera que antes de que finalice el año se publiquen nuevas normas sobre el sector de los criptoactivos, previstas en el marco legal aprobado por el Congreso en 2022.
Estos ciberataques representan una amenaza no solo para los bancos, sino para todo el sistema financiero brasileño, y ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la seguridad y la cooperación entre las instituciones financieras, las autoridades y las empresas de tecnología para combatir este tipo de delitos.
