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El Consejo de Gabinete de Panamá ha dado un paso significativo hacia la modernización de la administración pública con la aprobación del proyecto de ley 21-25, que busca transformar la Ley 9 de 20 de junio de 1994, la cual regula la Carrera Administrativa. Esta iniciativa representa un esfuerzo por garantizar una gestión pública más profesional, transparente y eficiente, alineada con las mejores prácticas internacionales.
Uno de los pilares de esta reforma es la creación del Instituto Nacional de Administración Pública, una entidad autónoma adscrita al Ministerio de la Presidencia. Este instituto tendrá la responsabilidad de dirigir y fortalecer el sistema de gestión de recursos humanos en el sector público, promoviendo la profesionalización y asegurando la aplicación de principios como el mérito, la equidad, la inclusión, la legalidad y la eficiencia.
Actualmente, solo una pequeña fracción de los funcionarios públicos panameños (aproximadamente el 5%) se encuentra bajo el estatus de Carrera Administrativa. El nuevo proyecto de ley busca corregir esta situación al incorporar a todos los funcionarios de manera transparente, asegurando así la calidad y los resultados en el servicio a la ciudadanía. Esta medida aborda una problemática clave, ya que un alto porcentaje de los servidores públicos en puestos de carrera no cuentan con el estatus correspondiente, generando inestabilidad e inequidad.
La reforma impulsada por el gobierno panameño tiene como objetivo central lograr una Administración Pública racional y profesionalizada, donde los servidores públicos aporten valor y resultados tangibles. Se busca que la permanencia en el servicio esté basada en el mérito, el desempeño y la contribución efectiva al interés general. Este enfoque contribuirá a optimizar la gestión del recurso humano estatal, orientando al país hacia un Estado más ágil, moderno y con talento calificado al servicio de la nación.
El proyecto de ley, que ahora será remitido a la Asamblea Nacional, ha sido elaborado tomando en cuenta las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las mejores prácticas internacionales en materia de gestión pública. Se espera que esta reforma cierre la puerta a prácticas clientelistas y nombramientos políticos, garantizando que los mejores talentos ingresen y asciendan en el Estado.
Además de la modernización de la gestión de recursos humanos, la reforma busca mejorar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Un Estado más eficiente, estable y profesional, con funcionarios preparados y comprometidos, redundará en un mejor servicio público. Se consolidará también una autoridad de control independiente y autónoma, con un director seleccionado por mérito y con la capacidad técnica necesaria.
El proceso de formulación de este proyecto de ley ha sido exhaustivo y participativo, involucrando a diversas instituciones clave del gobierno panameño. A través de una Mesa Técnica Interinstitucional, se han revisado y consensuado cada una de las disposiciones del borrador, incorporando valiosos aportes que fortalecen su viabilidad normativa, operativa y financiera.
Este proyecto de ley se alinea con los objetivos fundamentales de consolidar un sistema de Carrera Administrativa basado en el mérito, establecer mecanismos de evaluación del desempeño objetivos y universales, fortalecer los concursos públicos, implementar un Sistema Integrado de Recursos Humanos del Estado Panameño, y promover la equidad y la sostenibilidad fiscal en la administración del recurso humano.
En resumen, la modernización de la Ley de Carrera Administrativa representa un paso decisivo para Panamá en su camino hacia un servicio civil profesional, estable y comprometido con los intereses de la ciudadanía. Este proyecto de ley es un instrumento esencial para materializar los compromisos de modernización del Estado y fortalecimiento institucional, dotando al país de un marco legal moderno y eficaz para la gestión del talento humano.
