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La comunidad internacional ha alzado su voz para condenar la creciente represión en Venezuela, luego de la publicación de un informe contundente por parte de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas. El informe detalla violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia, especialmente después de las elecciones presidenciales de 2024.
Durante las deliberaciones en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la Unión Europea, Argentina, España y varios países latinoamericanos expresaron su profunda preocupación por la situación en Venezuela. La UE instó a una investigación exhaustiva de los hechos y exigió que los responsables rindan cuentas. Además, solicitó la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente, incluyendo ciudadanos extranjeros, y el cese de las detenciones arbitrarias.
España, por su parte, reveló que entre los detenidos arbitrariamente en Venezuela se encuentran cuatro ciudadanos españoles y 16 con doble nacionalidad. Argentina condenó enérgicamente la práctica de detener arbitrariamente a extranjeros y mantenerlos en aislamiento, calificando esta situación como desaparición forzada. El embajador argentino Carlos Mario Foradori, en una intervención emotiva, hizo referencia al gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido, expresando su esperanza de que Venezuela adopte “el virus del respeto a la vida, la democracia y la libertad”.
Otros países latinoamericanos como Chile, Brasil, Paraguay y Perú también se sumaron a las condenas. Chile calificó el informe como evidencia de la “reactivación de la represión en Venezuela” e instó al gobierno venezolano a cesar estas prácticas. Brasil, aunque expresó preocupación por las detenciones de carácter político, también manifestó su inquietud por las sanciones unilaterales impuestas a Venezuela, argumentando que impactan negativamente en los derechos humanos.
Perú, por su parte, rechazó la detención arbitraria de dos ciudadanos peruanos y exigió a las autoridades venezolanas que respeten sus derechos y brinden información sobre su paradero. La Organización de Estados Americanos (OEA) criticó la falta de transparencia del Consejo Electoral venezolano, señalando que la no publicación de las actas de recuento un año después de las elecciones socava la credibilidad del proceso.
El informe de la Misión de la ONU, que abarca el período entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, documenta una intensificación de la represión contra opositores, periodistas y manifestantes tras las elecciones presidenciales. La jefa de la Comisión, Marta Valiñas, destacó que la persecución política “ha continuado en 2025 contra aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades”. De las 25 muertes relacionadas con la represión postelectoral, la Comisión pudo examinar y documentar suficientemente 14, en doce de las cuales estaban involucradas las fuerzas de seguridad.
Valiñas denunció la impunidad que rodea estas muertes, señalando que la Fiscalía no ha informado sobre las investigaciones que dice haber realizado. La Misión de la ONU ha determinado que “no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales”, lo que hace recaer la esperanza de justicia para las víctimas en la comunidad internacional.
Frente a estas acusaciones, los únicos países que defendieron a Venezuela fueron sus aliados geopolíticos como Irán, Rusia, Corea del Norte y Zimbabue, quienes cuestionaron la legitimidad de la Misión de la ONU y condenaron las sanciones internacionales impuestas al gobierno de Nicolás Maduro. La comunidad internacional continúa presionando para que se respeten los derechos humanos en Venezuela y se ponga fin a la represión.
