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El Consejo de Gabinete de Panamá ha dado un paso significativo hacia un futuro energético más sostenible al aprobar el proyecto de ley 24-25, que modifica la Ley 42 de 2011 sobre biocombustibles. Esta nueva legislación reactiva el uso de bioetanol anhidro como aditivo oxigenante obligatorio, mezclándolo con gasolina al 10% en todo el territorio nacional. La decisión, fruto de un consenso entre la industria, las empresas petroleras y el sector agropecuario, promete dinamizar la economía y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
Una de las claves de este proyecto de ley es la homologación del impuesto al combustible mezclado con bioetanol, fijándolo en 60 centésimos por galón. Este incentivo fiscal busca fomentar la adopción de combustibles más limpios y estimular la producción local de bioetanol.
La Secretaría Nacional de Energía (SNE) jugará un papel crucial en la implementación de esta ley. Será la encargada de desarrollar, impulsar y ejecutar programas, proyectos y planes estratégicos para promover el uso de biocombustibles en Panamá. Además, la SNE tendrá la facultad de autorizar el uso de otros biocombustibles, como el bioetanol hidratado, abriendo la puerta a la diversificación de la matriz energética del país.
Entre las responsabilidades de la SNE se encuentra la de establecer los porcentajes y volúmenes aplicables para la mezcla de hidrocarburos con biocombustibles, regulando así su comercialización, distribución y uso. La institución también deberá promover estudios sobre tecnologías de producción de biocombustibles e impulsar la generación de energía eléctrica a partir de biomasa. En este sentido, la ley busca crear un círculo virtuoso donde la producción agrícola se integre con la generación de energía renovable.
Para asegurar el éxito de esta iniciativa, la SNE trabajará en estrecha colaboración con otras instituciones gubernamentales. Coordinará con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Ministerio de Economía y Finanzas para crear la legislación fiscal apropiada y los instrumentos económicos necesarios para incentivar los cultivos, la agroindustria y el uso de biocombustibles. Además, trabajará con la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias para establecer los reglamentos técnicos aplicables a la producción, mezcla, comercialización y uso de biocombustibles en el país.
Esta ley representa una oportunidad para impulsar la economía panameña, generar empleos en el sector agropecuario y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Al promover el uso de bioetanol, Panamá se une a otros países de la región que apuestan por los biocombustibles como una alternativa sostenible y viable a los combustibles fósiles. La aprobación de este proyecto de ley es un paso firme hacia un futuro energético más limpio y una economía más diversificada y resiliente.
