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En una escalada dramática en la lucha contra el narcotráfico, el presidente Donald Trump declaró a los cárteles de droga que operan en el Caribe como combatientes ilegales, anunciando que Estados Unidos está involucrado en un «conflicto armado no internacional». La decisión, reflejada en un memorando gubernamental obtenido por The Associated Press, ha generado controversia y preocupación en diversos sectores políticos.
Según el documento, el Congreso de los Estados Unidos fue notificado de esta medida por representantes del Pentágono, aunque un funcionario anónimo reveló que la información fue compartida en una sesión informativa confidencial a puerta cerrada. Esta falta de transparencia ha exacerbado las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, particularmente en lo que respecta a la autoridad del Congreso para aprobar acciones militares.
La declaración de la Casa Blanca se produce tras una serie de ataques militares estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en el Caribe. Se reportó que al menos dos de estas operaciones tuvieron como objetivo lanchas provenientes de Venezuela, lo que ha elevado la tensión con el régimen de Nicolás Maduro.
Legisladores de ambos partidos han expresado reservas sobre el enfoque de Trump, argumentando que cualquier acción militar de esta magnitud debe ser autorizada por el Congreso bajo la ley de poderes de guerra. La falta de una lista específica de organizaciones terroristas involucradas en este conflicto también ha causado frustración entre algunos legisladores informados por el Pentágono. Los demócratas han instado al presidente Trump a solicitar formalmente facultades de guerra al Congreso, mientras que los republicanos critican la falta de consentimiento legislativo y la conducción de una guerra secreta contra adversarios desconocidos para la opinión pública.
Oficialmente, el gobierno estadounidense ha reconocido cuatro ataques contra lanchas presuntamente operadas por narcotraficantes en el Caribe. El presidente Trump confirmó la destrucción de estas embarcaciones, estimando un total de 17 fallecidos, todos identificados como presuntos narcotraficantes, según cifras proporcionadas por el Pentágono.
Estas operaciones militares representan una escalada significativa en la estrategia de lucha contra el narcotráfico, superando los operativos tradicionales de interdicción y detención a cargo de la Guardia Costera de Estados Unidos en colaboración con fuerzas de otros países de la región. El despliegue incluye ocho destructores navales, miles de marines y una decena de cazas F-35 en Puerto Rico, según datos oficiales.
Trump ha enfatizado que el flujo de drogas por mar hacia Estados Unidos se ha reducido a cero tras los ataques, advirtiendo que el gobierno ahora “vigilará muy seriamente a los cárteles que ingresen por tierra”, con la mira puesta en Venezuela. Ante la pregunta de posibles futuros ataques, Trump dejó abierta la puerta a nuevas acciones contra el país sudamericano, calificándolo de «muy peligroso».
En respuesta a estas declaraciones, Nicolás Maduro firmó un decreto declarando el estado de Conmoción Externa en Venezuela, un esquema de emergencia que entraría en vigor en caso de agresión externa. La situación sigue siendo tensa y el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela es incierto.
