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El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado una serie de medidas drásticas para enfrentar la crisis migratoria en la provincia de Darién. Durante una visita al centro de recepción de migrantes en Lajas Blancas, Mulino declaró que su gobierno no permitirá la entrada de personas sin pasaporte y que llevará el tema ante las Naciones Unidas.
«Hay un costo humano que no tiene precio (…) no vamos a permitir que entren ciudadanos sin pasaportes, hay una ley migratoria que se debe cumplir», expresó Mulino. Visiblemente afectado por la situación, el mandatario electo compartió que le partió el alma ver a niños pidiendo agua, madres, mujeres embarazadas y el trastorno social y emocional que esta crisis está provocando.
Mulino subrayó que la situación está generando una crisis económica, humanitaria y moral para Panamá. «Vamos a levantar una voz de protesta grave», afirmó, destacando su intención de utilizar la posición de Panamá en el Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar la situación y buscar soluciones internacionales.
Además, Mulino anunció una próxima reunión con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, con el objetivo de firmar un convenio de repatriación. También señaló la necesidad de dialogar con el presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre este asunto para coordinar esfuerzos regionales.
«No voy a permitir que Panamá siga silente ante este enorme sacrificio que hace nuestro país en resolver una crisis que no es nuestra, pero que ahora sí es nuestra», enfatizó Mulino. En línea con estas declaraciones, el ministro designado de Seguridad Pública, Frank Ábrego, confirmó el refuerzo de la vigilancia fronteriza y la instalación de barreras físicas en la región.
Esta nueva postura marca un giro significativo en la política migratoria panameña, prometiendo un enfoque más estricto frente a la crisis en Darién. El compromiso de Mulino de abordar esta problemática refleja su determinación de proteger los intereses de Panamá y su población.
