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El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue entregado este miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI) tras su llegada a Países Bajos, donde enfrentará cargos por presuntos crímenes contra la humanidad cometidos durante su controvertida guerra contra el narcotráfico.
Comparecencia inminente ante el tribunal internacional
Duterte, de 79 años, llegó a La Haya aproximadamente a las 16:55 hora local, después de un largo vuelo desde Filipinas que incluyó una escala en Dubái para recibir un chequeo médico. Se espera que su primera comparecencia ante el tribunal internacional se produzca en los próximos días.
«Yo soy el que dirigió a las fuerzas del orden y al ejército. Dije que les protegería y asumo mi responsabilidad», declaró el exmandatario en un video compartido en sus redes sociales tras su llegada a la corte.
«Motivos razonables» para procesar al exmandatario
Los jueces de la CPI indicaron que «existen motivos razonables» para creer que miembros del Escuadrón de la Muerte de Dávao (DDS) y fuerzas de seguridad filipinas atacaron a numerosas personas supuestamente involucradas en actividades delictivas entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.
El tribunal considera a Duterte «coautor indirecto» del crimen de asesinato, señalando que, dado su papel como alcalde de Dávao y posteriormente como presidente, «tenía pleno conocimiento de la existencia y el alcance de estas operaciones».
El fiscal Karim Khan calificó el arresto como «importante» para las víctimas y defendió la independencia e imparcialidad de las investigaciones de la corte.
Miles de víctimas durante la guerra contra las drogas
La campaña antidroga de Duterte dejó decenas de miles de muertos, principalmente hombres de escasos recursos, muchos sin pruebas de su vinculación con el narcotráfico. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado repetidamente los abusos cometidos durante este período.
Aunque Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma (tratado fundacional de la CPI) en marzo de 2019, esta decisión no afecta a la jurisdicción del tribunal sobre crímenes cometidos antes de esa fecha, lo que permite que el proceso judicial continúe.
