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Durante la última semana de junio de 2025, en la provincia panameña de Bocas del Toro se implementó un Estado de emergencia con suspensión de garantías constitucionales, mediante el Decreto de Gabinete N°27, a raíz de actos vandálicos y presunto pandillerismo que afectaron la región. Esta medida llevó a la detención de 371 personas en solo una semana, incluyendo 350 adultos y 21 menores, en el marco de la llamada “Operación Omega” desplegada por al menos 2,000 unidades policiales.
El procedimiento aplicado para trasladar a los detenidos — esposados, sin camiseta y descalzos — recordó a expertos y observadores el método utilizado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su régimen de excepción vigente desde 2022 para combatir pandillas. El abogado y excomisionado de la Policía Nacional, Carlos Icaza, señaló que la imagen evocaba las prácticas salvadoreñas, aunque expresó reservas sobre el trato a los aprehendidos, subrayando la necesidad de respetar sus derechos y garantías.
Las autoridades panameñas atribuyeron los actos vandálicos a tres pandillas identificadas como Terroristas, Boys in the Hood y Branda, y a otros grupos no reconocidos formalmente como pandillas, como los Pachos y Pachucos. Sin embargo, el investigador criminal Julio Alonso cuestionó la intensidad del fenómeno pandillero en la zona, señalando que no hay una lucha territorial significativa ni un movimiento intenso de drogas internas en Bocas del Toro. Para él, la crisis tiene más relación con el abandono social y económico de sectores como Almirante y Changuinola, donde la población ha expresado su descontento a través de protestas que derivaron en vandalismo.
La suspensión del artículo 23 de la Constitución panameña, que protege el derecho al habeas corpus, fue otro punto crítico. Esta suspensión estuvo vigente del 20 al 25 de junio, pero fue revocada tras cuestionamientos legales y sociales. El abogado constitucionalista Jorge Giannareas explicó que, según la Convención Americana de Derechos Humanos, el habeas corpus es un derecho fundamental que no puede suspenderse, y que el decreto de urgencia tiene límites para proteger los derechos de los detenidos. Hasta el 26 de junio, 303 personas permanecían bajo custodia del Ministerio Público y 56 habían sido remitidas a un juez de paz.
En resumen, la crisis en Bocas del Toro ha sido manejada con una estrategia que recuerda el “método Bukele” de El Salvador, con medidas de excepción y detenciones masivas en respuesta a disturbios sociales y presunto pandillerismo, aunque expertos sugieren que las causas subyacentes son más complejas y relacionadas con el abandono social y económico de la región. La suspensión temporal de garantías constitucionales y el trato a los detenidos han generado preocupación en sectores civiles y políticos por posibles violaciones a los derechos humanos.
