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El presidente José Raúl Mulino calificó como “corrupto” al consorcio detrás de la concesión para el proyecto portuario en Isla Margarita, Colón, y anunció contundentes acciones legales para recuperar el control estatal sobre los terrenos y activos involucrados en este estratégico enclave del Atlántico panameño.
Historia y problemática de la concesión
La concesión para desarrollar una terminal portuaria y un patio de contenedores en Isla Margarita fue otorgada en 2013 a las empresas Panama Colon Container Port Inc. (PCCP) y United Crown Construction Inc. Sin embargo, desde su adjudicación, el proyecto acumuló una serie de fallas e irregularidades:
- Incumplimientos en el cronograma de inversión
- Retrasos constantes y morosidad en los pagos al Estado
- Disputas entre socios, procesos arbitrales y demandas internacionales
- Auditorías oficiales revelaron que las obras no superaron el 20% de avance
Mulino afirmó que la concesión, recientemente anulada por su gobierno, fue “una real trampa” y un proceso “dañado desde el inicio”. El mandatario aseguró que los trámites y traspasos asociados al proyecto se realizaron de forma ilegal y que el objetivo era mantener el puerto paralizado para después vender derechos a terceros.
Cancelación oficial y batalla legal
Durante una conferencia de prensa, Mulino confirmó la cancelación formal de la concesión mediante resoluciones de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) –JD No. 046-2025 y 047-2025– invocando las repetidas faltas de los concesionarios. Subrayó que no permitirá que “la trampa continúe”, y que el Estado usará todos los recursos legales para recuperar el control de la propiedad.
Sin embargo, las empresas involucradas han respondido con resistencia legal:
- PCCP presentó cuatro amparos de garantías en la Corte Suprema de Justicia en junio de 2025, buscando revertir la cancelación.
- Continúan litigios y arbitrajes entre socios, con disputas tanto en Panamá como en tribunales de Delaware (EE.UU.).
- Landbridge Port Services, de capital chino, alega haber sido despojada de sus acciones en el consorcio.
Próximos pasos: nueva licitación y control estatal
Mulino anunció que su administración prepara una nueva licitación internacional para desarrollar el puerto bajo condiciones “completamente distintas”. Reiteró que Panamá necesita inversiones portuarias modernas y transparentes, refiriéndose al caso anterior como una “trampa encubierta bajo disfraz de inversión”.
El gobierno panameño trabaja actualmente en “sanear la mesa” en Isla Margarita, proceso que, según Mulino, tomará tiempo debido al nivel de irregularidades detectadas. La meta es garantizar el control total y transparente del estratégico puerto del Atlántico.
