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La Asamblea Nacional de Panamá enfrenta una grave limitación en el manejo disciplinario interno, debido a la ausencia de mecanismos legales para sancionar a sus diputados por conductas indebidas, incluyendo agresiones físicas o verbales. Recientemente, el diputado Jairo Bolota agredió a su colega Betserai Richards, lo que reavivó el debate sobre este vacío normativo.
Desde la presidencia del Legislativo, se invoca el artículo 50 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, que atribuye a la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales la función de investigar hechos graves. Sin embargo, esta comisión aún no ha sido conformada, ya que las bancadas no han alcanzado un acuerdo para integrar las comisiones permanentes, paralizando así cualquier intento formal de investigación o sanción.
Además, el Código de Ética y Honor Parlamentario (Ley 33 de 2005) no prevé sanciones específicas contra diputados por conductas indebidas, solo establece principios y procedimientos para promover la integridad parlamentaria sin contemplar castigos concretos en caso de incumplimiento. Como consecuencia, la Asamblea carece de herramientas legales efectivas para sancionar episodios como el mencionado.
Una posible vía planteada es la activación de una comisión accidental, de acuerdo con el artículo 70 del reglamento interno, para investigar y emitir recomendaciones a la Comisión de Credenciales cuando esta se conforme, aunque dicha comisión tampoco tendría potestad para sancionar porque el marco normativo actual no lo contempla.
Ante esta laguna, se ha sugerido que el pleno de la Asamblea podría crear un instrumento sancionatorio reglamentario para dotar al Legislativo de medidas punitivas. Además, una diputada presentó un anteproyecto de ley para reformar el Código de Ética que incluiría sanciones como la suspensión provisional sin sueldo, lo cual podría cubrir estas deficiencias legales.
En síntesis, la Asamblea Nacional de Panamá está actualmente desprovista de mecanismos legales claros para sancionar a sus miembros por comportamientos inadecuados, lo que genera impunidad ante situaciones como agresiones físicas entre legisladores. Se están explorando propuestas para llenar este vacío, aunque aún dependen de acuerdos políticos y legislativos para su implementación.
