La Voz Noticias La Voz Noticias: Mantente al día con las últimas noticias de política, economía, deportes y más.
Related Articles
Las denuncias interpuestas por los diputados panameños Betserai Richards y Jairo ‘Bolota’ Salazar han sido formalmente remitidas a la Corte Suprema de Justicia para su evaluación y eventual investigación penal. Estos hechos se derivan de un enfrentamiento ocurrido el 21 de julio en el Salón Thelma King de la Asamblea Nacional, donde Salazar agredió físicamente y amenazó a Richards, situación que desencadenó las querellas cruzadas entre ambos legisladores.
La denuncia presentada por Betserai Richards, remitida por el Ministerio Público, quedó asignada a la magistrada María Cristina Chen Stanziola. En este documento, Richards alega que la agresión fue sorpresiva mientras él se encontraba con otros diputados leyendo documentos, y presenta una certificación médica que acredita las lesiones sufridas. Además, Richards sostiene que el motivo de la disputa son los cuestionamientos públicos que ha hecho la bancada Seguimos sobre la gestión de fondos estatales, particularmente más de 14 millones de dólares vinculados a una llamada «descentralización paralela», que presuntamente terminaron en manos de Salazar, quien también es representante de la Junta Comunal de Barrio Norte en Colón.
Por su parte, la denuncia de Jairo ‘Bolota’ Salazar contra Richards fue radicada en el despacho del magistrado Carlos Vásquez. Aunque no se conocen detalles específicos sobre esta queja, Salazar ha manifestado públicamente que las acusaciones de Richards carecen de fundamento y ha criticado la manera en que ciertos medios cubren este conflicto, señalando una parcialidad en su contra.
Ambos diputados fueron evaluados por el Instituto de Medicina Legal como parte del procedimiento para documentar las lesiones y otorgar incapacidades médico-legales, lo que sustenta la denuncia ante las autoridades competentes.
Ahora, corresponderá a los magistrados Carlos Vásquez y María Cristina Chen Stanziola valorar las denuncias y decidir si proceden a abrir una investigación penal formal, un proceso que sigue atento todo el sector político y público panameño por las implicaciones de esta disputa interna en la Asamblea Nacional.
