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El ex alcalde de Minas de Corrales, José Washington González, de 71 años, se suicidó en la cárcel donde estaba detenido, acusado de múltiples delitos de explotación sexual. González, quien pertenecía al Partido Colorado, había sido arrestado en relación con cargos que involucraban la explotación sexual de menores. Su deceso ocurrió en la cárcel de Cerro Carancho, en Rivera, departamento ubicado al norte de Uruguay, cerca de la frontera con Brasil. La noticia ha conmocionado a la pequeña localidad de Minas de Corrales, que según el censo de 2023, cuenta con una población de 3.642 habitantes.
La fiscal Alejandra Domínguez confirmó el suicidio al diario El País. Previamente, la defensa de González había solicitado que la prisión preventiva fuera sustituida por arresto domiciliario, petición que fue denegada por la Justicia, que determinó que debía permanecer en prisión mientras se desarrollaba el juicio. La medida cautelar que pesaba sobre él expiraba el 27 de agosto, pero la fiscalía planeaba solicitar una prórroga para mantenerlo en prisión preventiva.
Tras su detención, González presentó un historial médico argumentando que no podía permanecer en prisión por razones de salud. Sin embargo, la Justicia ratificó su decisión inicial y lo envió a la cárcel de Rivera, la capital del departamento. González fue detenido junto a otras seis personas, acusados de contribuir a la explotación sexual, principalmente por el delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad para ejecutar actos sexuales o eróticos, así como por delitos de abuso sexual especialmente agravados.
El Partido Colorado, al que pertenecía González, suspendió su afiliación tras su detención y emitió un comunicado expresando su «más enérgico repudio» a las conductas que atentan contra la legalidad, la moral pública y los derechos humanos de niños y adolescentes. El partido enfatizó que la política no debe ser refugio de quienes abusan de su poder y confió en que la Justicia actuara con firmeza y celeridad, garantizando la atención y protección de las víctimas.
La investigación contra González se centró en acusaciones de haber pagado a un niño de 12 años con dinero, ropa y suscripciones a plataformas de streaming a cambio de favores sexuales. La relación entre González y el menor se inició cuando la víctima tenía 12 años y se prolongó hasta los 15. El ex alcalde tenía una relación cercana con la familia del adolescente, lo que le facilitó el acercamiento. Además del dinero, le regaló un teléfono celular y le pagaba suscripciones a plataformas de video. Por estos hechos, fue imputado por reiterados delitos de promesa o retribución a menores a cambio de sexo.
Además del caso del niño de 12 años, González también estaba implicado en la explotación de otras cinco víctimas, todas mujeres, que comenzaron a ser explotadas a los 13 y 14 años. Algunas de ellas actualmente tienen 17 años.
Este trágico suceso pone de manifiesto la gravedad de los delitos de explotación sexual y la importancia de que la justicia actúe con rigor para proteger a las víctimas y castigar a los responsables. La muerte de José Washington González cierra un capítulo oscuro en la historia de Minas de Corrales, dejando una profunda herida en la comunidad y planteando serias interrogantes sobre el abuso de poder y la protección de los derechos de los menores.
