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En Panamá, ha crecido el rechazo generalizado hacia la creación de un fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados del Órgano Judicial. Esta medida, establecida por un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suscrito hace más de un año, permite que los magistrados se jubilen con el 100% de su último salario, mientras que otros jueces reciben porcentajes menores según su rango (60% para magistrados de Tribunales Superiores, 50% para jueces de Circuito y 40% para jueces Municipales). Esta situación ha generado fuertes críticas porque precisamente los beneficiarios son quienes deben evaluar la constitucionalidad del programa, lo que dificulta que se pueda frenar legalmente esta “insulto” al bolsillo de los contribuyentes panameños.
Diversos actores políticos y sociales han manifestado su preocupación y rechazo. El diputado y abogado Ernesto Cedeño señaló que los magistrados implicados podrían declararse impedidos para resolver sobre el acuerdo, pero quienes los reemplazarían también se beneficiarían del fondo, haciendo improbable que prospere cualquier recurso contra esta medida. Además, se teme un efecto multiplicador, ya que otros órganos, como el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público, podrían equiparar sus salarios y jubilaciones a los de la CSJ.
El contralor Anel Flores calificó esta jubilación especial como “totalmente inconveniente” y anunció que prepara una demanda de inconstitucionalidad para detenerla. Diputados han pedido a la Comisión de Presupuesto que paralice todos los traslados de partida destinados a los magistrados hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas aclare si el presupuesto para 2026 contempla estos desembolsos y se establezca una ley formal para ello.
Por su parte, el diputado Luis Eduardo Camacho del Partido Realizando Metas manifestó que Panamá no puede permitir que la CSJ legisle a través de fallos o acuerdos, señalando la necesidad de ajustar estas prácticas tanto en la CSJ como en el Tribunal Electoral, donde también hubo incrementos salariales significativos.
En cuanto a los posibles efectos en las finanzas de la Caja de Seguro Social, su director, Dino Mon, afirmó que actuarialmente este acuerdo no afecta a la entidad ni a su presupuesto, ya que estas jubilaciones no salen de ahí. Finalmente, el abogado Alfredo Vallarino criticó duramente a la Corte y sus magistrados, enfatizando que este fondo revela el verdadero rostro de esos funcionarios.
