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En una sesión realizada el 12 de agosto de 2025, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá tomó la decisión de dejar sin efecto el Acuerdo No. 407 del 18 de julio de 2024, que establecía un fondo especial de compensación para los magistrados del pleno, el cual les permitía jubilarse con el 100% de su último salario, actualmente de 14,000 dólares mensuales. Sin embargo, esta compensación sigue vigente para los jueces de tribunales superiores, circuitos y municipales.
La decisión de suspender la compensación especial para los magistrados del pleno responde a un amplio rechazo social, incluyendo gremios, organizaciones de la sociedad civil y exmagistrados, quienes consideraban esta medida injustificada y un privilegio excesivo en un contexto de crisis fiscal y desigualdad. La Corte justificó que no existe un régimen especial de jubilación para el Órgano Judicial y que los jueces y magistrados se acogen a las condiciones establecidas por la Caja de Seguro Social (CSS).
El fondo especial contemplaba que los magistrados del pleno recibieran una jubilación equivalente al 100% de su último sueldo, mientras que los magistrados de tribunales superiores recibirían el 60%, jueces de circuito el 50%, y jueces municipales el 40%, adicionalmente a la pensión que otorga la CSS. Esta medida generó polémica en medio de una restricción presupuestaria para Panamá, que enfrenta una elevada deuda pública y altas obligaciones fiscales.
Expertos y sectores económicos criticaron la medida, señalando que es un abuso para la ciudadanía y representa un privilegio desproporcionado en comparación con otros sistemas judiciales de la región. Además, diversas instituciones han anunciado acciones legales para anular el acuerdo y se ha solicitado mayor transparencia y regulaciones que eviten compensaciones no sustentadas legalmente.
El contralor general del país calificó la suspensión como «cosmética», advirtiendo que el problema persiste mientras no se eliminen completamente estas compensaciones especiales. La polémica sigue abierta sobre el impacto de esta decisión y las implicaciones para la independencia judicial y la justicia social en Panamá.
