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El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, presentó el proyecto de presupuesto general del Estado para 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. El presupuesto propuesto asciende a 34,901 millones de dólares, la cifra más alta en la historia del país, con un incremento de 4,181 millones respecto al presupuesto modificado de 2025.
Chapman explicó que este aumento responde a compromisos ineludibles como el pago de deuda, intereses y aportes extraordinarios a la Caja de Seguro Social, que presionan las finanzas públicas. Destacó que el plan contempla 11,151 millones de dólares para inversión pública, un 26% más que en 2025 y equivalente al 12% del PIB, de los cuales 8,604 millones serán destinados a inversión física. Además, se destinan recursos a programas sociales, infraestructura, logística y equidad territorial.
Sin embargo, el debate político estuvo marcado por críticas y reclamos de los diputados. Eliecer Castrellón señaló recortes en sectores clave como agricultura y vivienda, mientras Osman Gómez defendió la presión política por recursos para sus circuitos electorales. La diputada Janine Prado criticó la propuesta de modificar las reglas para los traslados de partidas presupuestarias, que limitaría el debate y ampliaría el umbral para su aprobación automática.
El tema educativo fue uno de los focos de preocupación, con recortes significativos en la financiación de universidades estatales. La Universidad de Panamá verá una reducción de casi 78 millones de balboas, y la Universidad Tecnológica sufrirá una baja del 27% en su presupuesto.
Chapman defendió el presupuesto como uno de los más ambiciosos en inversión y resaltó proyectos emblemáticos como la tercera línea del metro, el cuarto puente sobre el Canal, el túnel interoceánico, y la expansión del corredor hacia las playas. Insistió en que la agilización de los traslados es necesaria para evitar cuellos de botella y mejorar la eficiencia en la gestión.
Este primer debate indica que el proyecto presupuestario para 2026 será objeto de intenso debate político y técnico, con posiciones divididas sobre el balance entre inversión, eficiencia y sectores sociales clave.
