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El estadio Libertadores de América, hogar del Club Atlético Independiente, podría enfrentar un cierre temporal tras los disturbios ocurridos durante el partido contra la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana. Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, confirmó que se solicitará formalmente la clausura del recinto, lo que impediría que el equipo juegue su próximo partido como local.
«Tengo entendido que el fiscal ya pidió la clausura del estadio porque además ahí hay mancha hepáticas arteriales en la tribuna, va a haber que hacer pericias. Independiente no va a jugar el domingo en su estadio», declaró Alonso en una entrevista radial, evidenciando la gravedad de la situación.
Los hechos de violencia, que incluyeron agresiones entre hinchas y daños a las instalaciones, llevaron a la suspensión del encuentro a los pocos minutos de haber comenzado. La inacción inicial de las autoridades de la Conmebol también fue objeto de fuertes críticas.
Según Alonso, la policía y el Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) instaron al coordinador de la Conmebol a suspender el partido en repetidas ocasiones, pero este se negó. El ministro sugirió que una suspensión temprana podría haber evitado la escalada de violencia.
«Tres veces le dijo la Policía y el Aprevide (al coordinador de Conmebol) que tenía que suspender el partido y no lo quiso suspender. Si nosotros hubiésemos suspendido el partido al finalizar el primer tiempo y la gente bajaba de la tribuna. No hubiera pasado nada de lo que pasó. No lo escucharon», lamentó Alonso.
El foco de la controversia también se centra en la seguridad interna del estadio durante los partidos organizados por la Conmebol. Alonso denunció que la policía no tiene permitido ingresar para ocuparse de la seguridad interna, y que incluso se les negó la posibilidad de ubicar un grupo de infantería en el bajo tribuna.
El ministro fue contundente al señalar la responsabilidad de los organizadores y la empresa de seguridad privada en los incidentes. «Van a tener que rendir cuentas ante la Justicia los responsables de haber organizado mal esto y de no haber escuchado a la Policía cuando les dijeron que tenían que suspender el partido», afirmó.
La situación generó preocupación por la seguridad en los eventos deportivos y pone en tela de juicio los protocolos implementados por la Conmebol. Alonso destacó que en otros partidos organizados en la provincia, con la participación de la policía y la seguridad privada, no se habían registrado incidentes similares.
En relación con los hinchas chilenos detenidos tras los incidentes, Alonso informó que fueron liberados, aunque seguirán enfrentando cargos por daños al estadio y lesiones leves. Es probable que regresen a Chile mientras se lleva a cabo la investigación.
Este incidente plantea serias interrogantes sobre la organización de eventos deportivos internacionales y la necesidad de garantizar la seguridad de los asistentes. La posible clausura del estadio de Independiente es un claro mensaje de que la violencia no será tolerada y que se tomarán medidas para evitar que se repitan hechos similares.
