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La Corte Suprema de Justicia de Panamá ha archivado una denuncia presentada contra la diputada Dana Castañeda, perteneciente al Partido Realizando Metas (RM), por la presunta comisión de un delito contra la personalidad interna del Estado. La denuncia se centraba en el retraso en la instalación del segundo período legislativo el pasado 1 de julio, cuando Castañeda aún ejercía como presidenta de la Asamblea Nacional.
La decisión fue tomada de manera unánime por el pleno de la Corte, bajo la ponencia de la magistrada Miriam Cheng Rosas. El abogado Roberto Lucero fue quien presentó la denuncia, la cual fue desestimada basándose en los artículos 487 y 488 del Código Procesal Penal. Estos artículos exigen la presentación de una prueba idónea en denuncias relacionadas con diputados de la Asamblea Nacional o el Parlamento Centroamericano, requisito que no se cumplió en este caso.
El incidente que motivó la denuncia ocurrió el 1 de julio, cuando la sesión para la instalación del segundo período legislativo estaba programada para las 8:00 a.m. Sin embargo, Castañeda no se presentó a tiempo, y la sesión no pudo comenzar hasta pasado el mediodía. Previo al inicio de la sesión, la diputada Shirley Castañedas, también del partido RM y aspirante a la presidencia de la Asamblea, se trasladó a la Presidencia de la República.
La denuncia se fundamentó en el artículo 435 del Código Penal, el cual sanciona con prisión de cinco a diez años a quien impida el funcionamiento o la renovación de los órganos del Estado, o no cumpla con el deber de poner la Fuerza Pública a disposición del gobierno constitucional.
Este caso se suma a una serie de denuncias contra diputados de la Asamblea Nacional que han sido archivadas por la Corte Suprema de Justicia en los últimos días. La mayoría de estas denuncias, presentadas contra diputados de diversas bancadas, han sido desestimadas por la ausencia de la prueba sumaria requerida. Entre los casos recientes, se encuentran el archivo de una denuncia contra el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Benicio Robinson por presunto blanqueo de capitales, y el archivo de una denuncia contra el también diputado perredista Jairo Bolota Salazar por supuestas lesiones personales en perjuicio de su colega Betserai Richards. De igual forma, fue desestimada una denuncia interpuesta por Salazar contra Richards por las mismas razones. También se archivó una denuncia contra la diputada panameñista Ariana Marisín Coba, por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir, así como una denuncia contra la diputada de Cambio Democrático Yesica Romero por la presunta comisión del delito de peculado.
Estas decisiones han generado críticas por parte de figuras como el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, y el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola. Ambos argumentan que la exigencia de prueba idónea para investigar a un diputado es inconstitucional, ya que otorga a los diputados un privilegio en comparación con el resto de los ciudadanos.
