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El Gobierno de Panamá ha dado un paso significativo hacia la modernización de su administración pública con la presentación de un proyecto de ley que busca transformar la Dirección General de Carrera Administrativa. Esta iniciativa, liderada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, promete revolucionar la gestión de los recursos humanos en el sector público, garantizando profesionalización, transparencia y eficiencia, al tiempo que se hace justicia a miles de trabajadores estatales.
El proyecto de ley 21-25, aprobado recientemente por el Consejo de Gabinete, tiene como objetivo derogar la Ley 9 de 20 de junio de 1994, que actualmente regula la Carrera Administrativa. La propuesta incluye la creación del Instituto Nacional de Administración Pública, una entidad autónoma con la misión de elevar los estándares de la administración pública panameña.
Según el ministro Orillac, esta reforma es el resultado de extensas mesas de trabajo multisectoriales, donde se identificaron los desafíos actuales y se propusieron soluciones innovadoras. La nueva normativa busca erradicar prácticas clientelistas y nombramientos basados en afiliaciones políticas, asegurando que los candidatos más competentes accedan y avancen en el Estado.
Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es su alineación con el Plan de Gobierno 2024-2029, que prioriza la modernización del Estado y el fortalecimiento institucional. La nueva ley proporcionará un marco legal sólido y eficaz para la gestión del talento humano, optimizando el servicio que el Estado ofrece a sus ciudadanos.
Actualmente, solo un pequeño porcentaje de los funcionarios públicos (aproximadamente el 5%) se encuentra dentro del estatus de Carrera Administrativa, lo que dificulta la evaluación y el desarrollo profesional. La reforma propuesta busca integrar a estos trabajadores de manera transparente, mejorando la calidad y los resultados del servicio público.
El diagnóstico actual revela que una gran mayoría de los servidores públicos en puestos de carrera no poseen el estatus correspondiente, lo que ha generado consenso entre los grupos de trabajadores organizados para corregir esta injusticia. La reforma busca proporcionar estabilidad laboral, igualdad de oportunidades y reglas claras, basadas en principios de mérito, equidad, inclusión, legalidad y eficiencia. Esto, a su vez, contribuirá al desarrollo institucional y a la mejora continua de los servicios al ciudadano.
El proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional se basa en las mejores prácticas internacionales y en las lecciones aprendidas de experiencias previas en la implementación de la Carrera Administrativa, siguiendo las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El ministro Orillac también destacó la valoración de la propuesta presentada por el diputado Roberto Zúñiga y el consenso alcanzado con representantes de diversas organizaciones, incluyendo la Federación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Entidades Públicas (Fenasep), el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), la Procuraduría de la Administración, la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, y la Dirección General de Carrera Administrativa del Ministerio de la Presidencia.
En resumen, esta reforma integral de la Carrera Administrativa representa un avance crucial para Panamá, promoviendo un servicio público más profesional, transparente y eficiente, al servicio de todos los ciudadanos.
