La Voz Noticias La Voz Noticias: Mantente al día con las últimas noticias de política, economía, deportes y más.
Related Articles
El presidente José Raúl Mulino ha vetado el Proyecto de Ley 168, referente a la regulación de la abogacía en el país, argumentando inconvenientes que, según el Ejecutivo, podrían afectar la práctica legal y el acceso a la justicia. Esta decisión, tomada el 17 de septiembre de 2025, ha generado un debate significativo en el ámbito jurídico y político panameño.
La noticia del veto presidencial ha resonado con fuerza entre abogados, organizaciones civiles y el público en general. El Proyecto de Ley 168, que buscaba modernizar y regular la profesión de la abogacía, había sido objeto de extensas discusiones y análisis antes de ser aprobado por la Asamblea Nacional. Sin embargo, el Ejecutivo consideró que ciertos aspectos del proyecto podrían generar más problemas que soluciones.
Aunque los detalles específicos de los inconvenientes señalados por el presidente no se han hecho completamente públicos, fuentes cercanas al gobierno indican que las preocupaciones se centran en varios puntos clave. Uno de ellos podría ser la posible restricción del acceso a la profesión para nuevos abogados, lo que limitaría la competencia y, potencialmente, aumentaría los costos para los ciudadanos que buscan representación legal.
Otro aspecto que podría haber influido en la decisión del veto es la posible creación de barreras burocráticas excesivas para el ejercicio de la abogacía. El Ejecutivo parece estar preocupado de que estas barreras pudieran dificultar la labor de los abogados, especialmente aquellos que ejercen de forma independiente o representan a clientes de bajos recursos.
Las reacciones al veto han sido diversas. Algunos sectores de la abogacía han expresado su apoyo a la decisión presidencial, argumentando que el proyecto de ley contenía deficiencias que podrían perjudicar a la profesión y a la sociedad en general. Otros, sin embargo, han criticado el veto, señalando que se pierde la oportunidad de modernizar la regulación de la abogacía y adaptarla a las nuevas realidades del siglo XXI.
La decisión del presidente abre ahora un nuevo capítulo en el debate sobre la regulación de la abogacía en Panamá. La Asamblea Nacional tendrá la oportunidad de reconsiderar el proyecto de ley y realizar las modificaciones necesarias para abordar las preocupaciones del Ejecutivo. También existe la posibilidad de que se presente un nuevo proyecto de ley que tenga en cuenta los diferentes puntos de vista y busque un consenso más amplio.
Este veto tiene importantes implicaciones para el futuro de la profesión legal en Panamá. Es fundamental que el debate continúe de manera transparente y constructiva, con la participación de todos los actores involucrados, para lograr una regulación que garantice la calidad de los servicios legales, el acceso a la justicia y la defensa de los derechos de todos los ciudadanos. La modernización del marco legal que rige la abogacía es esencial para fortalecer el estado de derecho y promover el desarrollo económico y social del país. El análisis exhaustivo de los puntos conflictivos y la búsqueda de soluciones consensuadas son cruciales para evitar consecuencias negativas y asegurar un sistema legal justo y eficiente.
