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Un hito en la inclusión financiera de la Caja de Ahorros
En un esfuerzo por democratizar el acceso al crédito en el sector público, la Caja de Ahorros ha formalizado una alianza estratégica con el Órgano Judicial de Panamá. Este convenio interinstitucional busca derribar las barreras financieras que históricamente han enfrentado miles de servidores públicos debido a su estatus contractual. La iniciativa impactará directamente a casi 7,000 funcionarios, permitiéndoles acceder a productos de la banca formal que anteriormente les eran esquivos.
La firma del acuerdo, protagonizada por la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola, y el gerente general de la entidad bancaria, Andrés Farrugia G., marca un precedente en la gestión de la banca estatal. El objetivo principal es reconocer la estabilidad y el aporte de los trabajadores, independientemente de si poseen contratos eventuales, interinos o transitorios.
Impacto del convenio de Caja de Ahorros en la estabilidad laboral
La visión de esta alianza trasciende la simple oferta de productos financieros. Según las autoridades, el bienestar económico de los funcionarios es un pilar fundamental para la eficiencia del sistema de justicia. Al facilitar el acceso a préstamos personales, hipotecarios y de automóviles, se busca motivar al capital humano que sostiene la administración de justicia en el país.
Andrés Farrugia G. destacó que la Caja de Ahorros continúa con su estrategia de acompañamiento responsable al servidor público. Este movimiento no es aislado; forma parte de una trayectoria que ya ha beneficiado a trabajadores de la construcción y del Ministerio de Salud (MINSA). En lo que va del año 2026, la institución ha logrado incluir a más de 58,000 personas en el sistema financiero, adaptándose a sus realidades laborales específicas.
Criterios de evaluación y responsabilidad financiera
Para garantizar que este crecimiento sea sostenible, la Caja de Ahorros ha establecido parámetros claros y responsables para la aprobación de los créditos. No se trata de un acceso indiscriminado, sino de una evaluación técnica que protege la salud financiera del solicitante.
Requisitos principales para los solicitantes
Los funcionarios interesados deberán cumplir con criterios diferenciados según su ubicación geográfica y el tipo de producto solicitado. Entre los puntos clave destacan:
- Capacidad de pago: Se evaluará un margen del 35% basado en ingresos comprobados.
- Nivel de endeudamiento: El límite máximo permitido es del 55% general, ajustándose al 45% en el caso de préstamos personales.
- Documentación: Es obligatoria la presentación de la carta de trabajo, el último talonario de pago y la ficha de la Caja de Seguro Social (CSS).
Con esta medida, la institución reafirma su rol como el ‘Banco de la Familia Panameña’, extendiendo su brazo financiero hacia sectores que demandan soluciones justas y transparentes para mejorar su calidad de vida.
