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En un país donde durante años la ciudadanía ha exigido transparencia, rendición de cuentas y castigo ejemplar para quienes jugaron con los recursos del Estado, la solicitud realizada por el director del IDAAN, Antonio Tercero González, marca un momento importante en la lucha contra las viejas prácticas que tanto daño le hicieron a Panamá.
La petición formal a la Contraloría General de la República para revisar integralmente la auditoría relacionada con las cuentas de vigencia expirada de carros cisterna entre 2013 y 2025 no puede verse como un simple trámite administrativo. Es, en realidad, un mensaje político e institucional contundente: en el IDAAN de hoy se acabó el relajo.
Por años, el tema de los carros cisterna fue símbolo de desorden, improvisación y, según múltiples denuncias ciudadanas, un posible negociado que parecía eterno. Mientras miles de panameños sufrían por la falta de agua potable, existía la percepción de que algunos hacían negocio con la necesidad del pueblo. Esa sensación de impunidad fue creciendo con el tiempo y alimentó la desconfianza hacia las instituciones.
Sin embargo, lo que hoy diferencia este momento de otros capítulos del pasado es que existe una nueva disposición de enfrentar los problemas de frente. Pedir una auditoría profunda no es esconder, es abrir las puertas para que el país conozca qué ocurrió realmente durante más de una década.
Y también hay otro elemento fundamental: la confianza que hoy genera la Contraloría General de la República bajo una visión más seria, técnica y fiscalizadora. La ciudadanía quiere instituciones que investiguen sin mirar colores políticos ni intereses económicos, y precisamente eso es lo que se espera de esta revisión integral.
Panamá necesita recuperar la credibilidad en el manejo de los fondos públicos. Cada centavo utilizado en contratos, pagos o cuentas relacionadas con carros cisterna debe poder explicarse con claridad. Si hubo irregularidades, el país merece saberlo. Y si existieron responsables, corresponde que enfrenten las consecuencias.
La transparencia nunca debe incomodar a quien actúa correctamente. Por el contrario, fortalece la institucionalidad y devuelve la confianza ciudadana.
La decisión de Antonio Tercero de acudir a la Contraloría representa una señal positiva dentro de una administración pública que necesita romper definitivamente con los viejos esquemas. Hoy el mensaje parece claro: los tiempos cambiaron, y las prácticas del pasado ya no pueden esconderse debajo de la alfombra burocrática.
Porque cuando un funcionario pide que investiguen, en lugar de cerrar puertas, demuestra seguridad en su gestión y compromiso con el país.
Panamá está cansada de sospechas, escándalos y silencios. Lo que la gente quiere son respuestas.
Y quizás por eso, esta auditoría podría convertirse en mucho más que una revisión administrativa. Podría ser el inicio de una nueva etapa donde el manejo de los recursos públicos deje de ser territorio de pocos y vuelva a pertenecerle al pueblo panameño.
Porque al final, el agua es del pueblo… y los recursos también.
