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La Alcaldía de Panamá vuelve a estar en el centro de la controversia por una decisión que despierta serias interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos y la transparencia de los procesos de contratación.
La administración del alcalde Mayer Mizrachi adjudicó un contrato superior a los 2.5 millones de dólares para la rehabilitación de la Calle Estudiante, en Santa Ana, a una empresa que no presentó la oferta más económica dentro del proceso de licitación.
Lo que inicialmente parecía ser una contratación pública ordinaria terminó convirtiéndose en un caso que alimenta las dudas ciudadanas sobre la forma en que se están tomando decisiones dentro del Municipio de Panamá.
Según los antecedentes del proceso, la comisión evaluadora había recomendado originalmente al Consorcio Aceras Panamá, al considerar que cumplía con los requisitos establecidos y además ofrecía el precio más bajo. Sin embargo, tras una serie de reclamos, revisiones, anulaciones parciales y nuevos análisis, el contrato terminó siendo adjudicado a Ingeniería REC, S.A., cuya propuesta económica era significativamente más elevada.
La pregunta es inevitable:
¿Cómo una licitación que comenzó favoreciendo a la propuesta más económica terminó adjudicándose a la oferta más cara?
La administración municipal sostiene que la empresa seleccionada representa los «mejores intereses para el Estado». Sin embargo, esa explicación, lejos de disipar las dudas, parece abrir aún más interrogantes.
Porque cuando se trata del dinero de los contribuyentes, no basta con afirmar que una decisión es la mejor; hay que demostrarlo de manera clara, detallada y transparente.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué criterios técnicos justificaron descartar la recomendación inicial, cuáles fueron las observaciones determinantes, quiénes impulsaron los cambios dentro del proceso y por qué esas razones justifican pagar más dinero por la misma obra.
La rehabilitación de la Calle Estudiante contempla ampliación de aceras, iluminación LED, siembra de árboles, cruces peatonales y mejoras urbanas en Santa Ana. Nadie cuestiona la importancia de estas obras ni la necesidad de recuperar espacios públicos para beneficio de la comunidad.
Lo que sí se cuestiona es la forma en que se administra el dinero público.
Más aún cuando Panamá arrastra décadas de escándalos relacionados con contrataciones estatales, sobrecostos, favoritismos y decisiones administrativas que terminan perjudicando al contribuyente.
Precisamente por ese historial, toda autoridad pública tiene la obligación de actuar con un nivel superior de transparencia y rendición de cuentas.
Mayer Mizrachi llegó al Municipio prometiendo una gestión diferente, moderna, eficiente y apoyada en la tecnología. Prometió romper con las viejas prácticas que tanto daño le han hecho a la confianza ciudadana.
Sin embargo, decisiones como esta provocan que muchos panameños se pregunten si realmente estamos viendo una nueva forma de gobernar o simplemente una nueva versión de los mismos problemas de siempre.
La legalidad de una decisión administrativa no necesariamente la convierte en una decisión correcta desde el punto de vista político, ético o financiero.
Cuando una administración termina contratando a quien cobra más, la carga de la prueba recae sobre quienes tomaron la decisión. Son ellos quienes deben convencer a la ciudadanía de que cada dólar adicional está plenamente justificado.
En tiempos donde los recursos públicos son escasos y las necesidades de la población son enormes, cada centavo cuenta.
Por eso, este caso merece una explicación pública completa, transparente y convincente.
Porque al final del día no se trata únicamente de una calle, una acera o una licitación.
Se trata de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Y esa confianza, una vez perdida, cuesta mucho más que cualquier contrato millonario recuperarla.
