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Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, Adrián Hernández y Justo Vargas, fueron separados de sus cargos mediante una decisión administrativa que dejó sin efecto sus contratos, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades relacionadas con la solicitud de audiencias específicas dentro del Sistema Penal Acusatorio.
La medida fue adoptada por la Dirección de Recursos Humanos del Órgano Judicial y posteriormente confirmada por magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
“Ya no son funcionarios del Órgano Judicial”, confirmó una fuente de la institución.
Aunque hasta el momento no se ha emitido una comunicación oficial detallando las razones de la decisión, trascendió que la medida estaría relacionada con una reciente circular emitida por la Coordinación General del Sistema Penal Acusatorio, adscrita al despacho de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Maribel Cornejo, presidenta de la Sala Penal.
En dicha circular se recuerda que jueces y magistrados tienen prohibido solicitar la asignación de audiencias específicas, ya que esa función corresponde exclusivamente a la Oficina Judicial, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.
El artículo 47 del Código Procesal Penal establece que el juez o tribunal será asistido por una Oficina Judicial, cuyo director debe organizar las audiencias, debates y sorteos correspondientes dentro del proceso.
Asimismo, el Manual de Procedimientos del Sistema Penal Acusatorio dispone que, una vez ingresa una solicitud de audiencia, el sistema debe realizar la asignación del juez bajo criterios de reparto aleatorio y equitativo.
Posteriormente, corresponde a la Oficina Judicial fijar la fecha, hora y sala donde se desarrollará la diligencia.
Fuentes vinculadas al proceso indicaron que el Ministerio Público también mantiene investigaciones relacionadas con estas presuntas irregularidades, a través de la Fiscalía Anticorrupción.
El caso se registra en medio de reiterados cuestionamientos del presidente José Raúl Mulino sobre decisiones judiciales adoptadas en casos de alto impacto, especialmente en procesos vinculados con delitos violentos.
El mandatario ha manifestado preocupación por resoluciones que terminan otorgando medidas cautelares como arresto domiciliario o casa por cárcel a personas investigadas por delitos graves.
Mulino también ha señalado que el Órgano Ejecutivo mantiene conversaciones con el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para impulsar correctivos dentro del Sistema Penal Acusatorio.
Durante sus conferencias de prensa, el presidente ha advertido que ciertas decisiones judiciales pueden enviar un mensaje equivocado a la ciudadanía y a los estamentos de seguridad.
Las investigaciones deberán determinar si en este caso existieron irregularidades administrativas, responsabilidades individuales o posibles conductas que ameriten acciones adicionales por parte de las autoridades competentes.
