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La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información aclaró que no tiene competencia para investigar posibles faltas o delitos atribuidos a ministros de Estado por presuntos conflictos de interés, debido a que estos casos corresponden al conocimiento privativo de la Corte Suprema de Justicia.
La entidad emitió un comunicado este 18 de junio de 2026, en atención a investigaciones periodísticas publicadas en diversos medios de comunicación y plataformas digitales sobre algunos ministros de Estado, en su condición de sujetos obligados por la Ley 316 de 2022, que regula las situaciones de conflicto de intereses en la función pública.
De acuerdo con la ANTAI, a los ministros les aplican procedimientos especiales de investigación previstos en el Código Judicial, específicamente en el artículo 86, numeral 2, literal b.
Por esa razón, la autoridad señaló que carece de competencia para conocer directamente sus posibles faltas o delitos.
El comunicado precisa que estos procedimientos deben ser conocidos por la Corte Suprema de Justicia, autoridad competente para investigar y conocer la presunta comisión de faltas o delitos atribuidos a estos servidores públicos.
La ANTAI sostuvo que toda investigación o reclamo formal debe seguir el cauce jurisdiccional preestablecido, con el fin de salvaguardar la institucionalidad y las garantías fundamentales de las partes.
La entidad también informó que, actualmente, todos los ministros de Estado han cumplido con la presentación de sus declaraciones juradas de intereses particulares al inicio de su gestión y de manera anual, conforme a lo exigido por la normativa vigente.
Asimismo, indicó que estas declaraciones se encuentran a disposición de las autoridades competentes, de conformidad con el procedimiento establecido para cada caso.
La ANTAI recordó que la normativa sobre conflicto de intereses exige a los servidores públicos actuar bajo principios de honradez, objetividad y rendición de cuentas.
También destacó que el artículo 13 de la ley obliga a los sujetos regulados a declararse impedidos de conocer cualquier asunto en el que pueda existir un conflicto entre el interés particular y el interés público.
Finalmente, la autoridad reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la integridad en la función pública, así como con la prevención y gestión de conflictos de interés.
