La Voz Noticias La Voz Noticias: Mantente al día con las últimas noticias de política, economía, deportes y más.
Panamá enfrenta reclamaciones por aproximadamente $33,000 millones entre arbitrajes internacionales activos y procesos suspendidos, según información presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
La institución solicitó un crédito por $7.8 millones para cubrir durante 2026 los gastos relacionados con la defensa jurídica del Estado en estos litigios.
Nueve procesos permanecen activos
Durante la sustentación presupuestaria, las autoridades mencionaron inicialmente cuatro arbitrajes activos con pretensiones conjuntas por cerca de $2,469 millones.
Posteriormente, ante las preguntas de los diputados, el MEF precisó que existen nueve procesos activos cuyos reclamos ascienden en conjunto a unos $6,019 millones.
Entre ellos figura el caso de Panama Ports Company (PPC), relacionado con la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. La reclamación asciende a $2,000 millones.
El arbitraje surgió después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de PPC, filial del consorcio hongkonés CK Hutchison.
Para atender este proceso, el Estado contrató los servicios jurídicos de la firma Hogan Lovells por un monto total de $4.3 millones. De esa suma, el MEF busca asignar $2.7 millones a la vigencia fiscal de 2026.
La institución proporcionó información parcial sobre los costos de representación legal. En al menos siete de los casos, los gastos de defensa rondan conjuntamente los $25 millones.
Procesos suspendidos siguen representando un riesgo
A los arbitrajes activos se suman reclamaciones suspendidas por alrededor de $27,000 millones, relacionadas específicamente con First Quantum tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia el 28 de noviembre de 2023.
La suspensión no implica que los casos hayan concluido o que las partes demandantes hayan desistido. Estos procesos permanecen en pausa, pero requieren seguimiento, vigilancia jurídica y la renovación periódica de los acuerdos de suspensión.
Al sumar los litigios activos y suspendidos, las pretensiones contra el Estado alcanzan aproximadamente $33,000 millones. Se trata de montos reclamados por los demandantes, no de condenas firmes ni obligaciones ya reconocidas por Panamá.
El MEF administra los arbitrajes fundamentados en tratados internacionales de inversión. Los conflictos comerciales contra el Estado, en cambio, son atendidos directamente por los ministerios y las entidades públicas involucradas.
La defensa internacional de Panamá ya ha obtenido resultados favorables. En mayo de 2026, el país ganó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones un proceso promovido por Banesco por más de $13.5 millones. El tribunal rechazó los reclamos y ordenó a la parte demandante pagar $900,000 por honorarios y gastos legales, según informó el MEF.
