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El presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley 546 del 31 de agosto de 2026, que exonera del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) la primera operación de venta de viviendas nuevas con una base imponible de hasta B/.120 mil.
La norma modifica el artículo 4 de la Ley 106 de 1974 y establece que la compraventa deberá formalizarse dentro de los dos años siguientes a la expedición del permiso de ocupación por la autoridad competente.
El beneficio se aplica a la primera venta de la vivienda nueva y no representa una eliminación general del ITBI para todas las transacciones inmobiliarias.
Exoneración sobre los primeros B/.120 mil
Las viviendas nuevas con un valor de hasta B/.120 mil quedarán totalmente exentas del impuesto.
Cuando la base imponible supere esa cantidad, pero no exceda los B/.200 mil, los primeros B/.120 mil también estarán exonerados. El ITBI se calculará únicamente sobre la porción excedente, mediante la siguiente escala:
- Más de B/.120 mil y hasta B/.130 mil: 0.50%.
- Más de B/.130 mil y hasta B/.150 mil: 1.00%.
- Más de B/.150 mil y hasta B/.170 mil: 1.40%.
- Más de B/.170 mil y hasta B/.190 mil: 1.60%.
- Más de B/.190 mil y hasta B/.200 mil: 1.80%.
Por ejemplo, si una vivienda tiene una base imponible de B/.150 mil, la tasa correspondiente se aplicará solamente sobre los B/.30 mil que exceden el tramo exento.
La medida concentra el mayor incentivo en las propiedades dirigidas a familias de ingresos medios.
Régimen transitorio de 30 meses
La ley incluye una disposición para viviendas cuyo permiso de ocupación fue expedido antes de la entrada en vigor de la norma.
Estas operaciones podrán acogerse al beneficio siempre que la venta se formalice después de la entrada en vigencia de la ley y dentro de los 30 meses siguientes a la expedición del permiso de ocupación.
Las compraventas formalizadas antes de la entrada en vigor continuarán rigiéndose por las disposiciones que se encontraban vigentes cuando fueron realizadas.
Impulso a la construcción
La iniciativa fue presentada por el Órgano Ejecutivo y aprobada por el Consejo de Gabinete el 28 de julio. El pleno de la Asamblea Nacional la respaldó el 26 de agosto con 53 votos a favor.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que la reforma busca reducir los costos asociados a la adquisición de viviendas, estimular la demanda y facilitar el acceso de las familias de ingresos medios a una propiedad nueva.
El Gobierno también espera que el incentivo contribuya a reactivar proyectos residenciales, aumentar la inversión y generar nuevos puestos de trabajo en la industria de la construcción y sus actividades relacionadas.
