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Representantes del Gobierno, la Asamblea Nacional, gremios de jubilados y el sector privado analizaron alternativas para modificar o reemplazar el proyecto de ley 226, relacionado con los descuentos para jubilados y pensionados en Panamá.
La segunda reunión de coordinación se realizó este martes en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas y dio continuidad al encuentro encabezado por el presidente José Raúl Mulino el pasado 9 de septiembre.
Las conversaciones buscan establecer un esquema que responda a las necesidades de los adultos mayores sin generar una carga económica difícil de asumir para las micro y pequeñas empresas.
La reunión fue coordinada por la viceministra de la Presidencia, Virna Luque. También participaron la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, y el diputado Javier Sucre, proponente del proyecto.
Por el Ejecutivo estuvieron presentes la viceministra de Economía, Eida Sáiz, y el asesor presidencial Ricardo Fábrega.
Proponen priorizar servicios esenciales
Durante el encuentro se discutió si todos los beneficios incluidos actualmente responden a las necesidades de los jubilados con menores ingresos.
Los participantes señalaron que ciertos descuentos relacionados con actividades turísticas y servicios de hotelería podrían no beneficiar directamente a los adultos mayores en condiciones más vulnerables.
En su lugar, se planteó priorizar descuentos en servicios considerados esenciales, como energía eléctrica, transporte público, telefonía y atención de salud.
También se propuso incorporar beneficios para la compra de pañales de adulto, sillas de ruedas, andaderas y otros artículos necesarios para la movilidad y el cuidado diario.
Jubilados y empresarios participan en el diálogo
En representación de los gremios de jubilados asistieron Guillermo Cortés, Roberto López, Santiago Miranda y Telva Núñez de Córdoba.
El sector privado estuvo representado por el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría; la presidenta de Fedecámaras, Alicia Jiménez; y Orlando Pérez, de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias.
Las partes continuarán evaluando opciones para conseguir un modelo más focalizado y sostenible. Hasta el momento no se ha informado de un acuerdo definitivo ni de los cambios específicos que serían presentados ante la Asamblea.
