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El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 34-26, que propone reformar el Régimen de Asociación Público-Privada (APP) para agilizar la estructuración y licitación de obras y atraer mayor inversión privada.
La iniciativa modifica la Ley 93 del 19 de septiembre de 2019, mediante la cual se creó el marco regulatorio panameño para desarrollar proyectos de infraestructura y servicios bajo esta modalidad.
Según la exposición de motivos, los más de seis años de aplicación de la normativa permitieron identificar etapas que toman más tiempo del necesario y trámites que podrían simplificarse sin eliminar las garantías y controles del sistema.
La propuesta no busca reemplazar el modelo vigente, sino adecuarlo a la experiencia acumulada en Panamá y a prácticas aplicadas internacionalmente.
El proyecto deberá ser presentado ante la Asamblea Nacional para iniciar su discusión. La aprobación del Gabinete no implica todavía que las modificaciones hayan entrado en vigor.
Procesos más ágiles
La reforma pretende reducir los tiempos en los ciclos de identificación, estructuración y licitación de los proyectos.
También plantea fortalecer las funciones de las entidades que participan en el régimen y facilitar una intervención más activa del sector privado.
El Ejecutivo sostiene que los cambios permitirán desarrollar un mayor número de obras, mejorar las condiciones de financiamiento y reducir el costo total de los proyectos para el Estado y los usuarios.
La propuesta también busca promover una mayor competencia entre las empresas interesadas en las concesiones.
Controles y disciplina fiscal
El documento señala que la agilización de los procedimientos debe estar acompañada por mayores estándares de rigor técnico, transparencia, disciplina fiscal y control.
El objetivo es asegurar que cada proyecto responda a una necesidad pública y genere valor frente a los recursos estatales comprometidos.
De acuerdo con la propuesta, una mayor eficiencia en el régimen APP permitiría entregar infraestructuras y servicios en menos tiempo, además de generar empleos durante las etapas de construcción y operación.
Estos resultados dependerán de la aprobación legislativa, la reglamentación y la aplicación de los nuevos procedimientos en cada proyecto.
En la sesión del Consejo de Gabinete participaron representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y la Cámara Panameña de la Construcción.
