El Gobierno de Panamá propuso aplicar una tarifa de 15% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) a los alquileres de corta duración destinados a fines turísticos o vacacionales.
La medida alcanzaría a casas, apartamentos, habitaciones y otras unidades residenciales utilizadas como hospedajes temporales, incluso cuando sean promocionadas o contratadas mediante plataformas digitales como Airbnb.
La propuesta forma parte del proyecto de ley sobre incentivos para el desarrollo turístico presentado ante la Asamblea Nacional. Al tratarse de una iniciativa en discusión, la tarifa todavía no se encuentra vigente.
Impuesto se aplicaría sobre el hospedaje
El 15% se cobraría sobre el valor del alojamiento, independientemente de si la reserva, promoción, intermediación, gestión o pago se realiza directamente con el propietario o mediante una plataforma digital.
Cuando la plataforma funcione solamente como intermediaria, el impuesto se aplicaría al precio del hospedaje. La comisión o cargo de servicio cobrado por la plataforma mantendría el tratamiento tributario correspondiente.
Los hoteles y demás establecimientos de alojamiento público turístico debidamente registrados conservarían una tarifa de 10% de ITBMS.
La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, explicó que la diferencia responde a que los establecimientos formales deben cumplir requisitos, permisos, registros, inversiones y otras obligaciones vinculadas con una actividad turística regulada.
Pagar el impuesto no autorizará la actividad
La propuesta aclara que el pago del 15% no representará un permiso automático para ofrecer hospedaje temporal.
Los propietarios deberán cumplir las restricciones de uso, las normas de propiedad horizontal, los registros turísticos y los demás requisitos establecidos en la legislación. El cobro tampoco habilitará alquileres que estén prohibidos o restringidos.
Se estima que entre 12,000 y 13,000 residencias ubicadas en Panamá aparecen en Airbnb, aunque la ATP no ha precisado cuántas cuentan con autorización para operar. Tampoco existe por ahora una estimación oficial de la posible recaudación.
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