jueves , octubre 8 2026
Gobierno busca agilizar las APP e incorporar al IDAAN y la CSS sin privatizar sus servicios

Gobierno busca agilizar las APP e incorporar al IDAAN y la CSS sin privatizar sus servicios

El Gobierno Nacional busca modificar el régimen de Asociaciones Público-Privadas, conocidas como APP, con el objetivo de acelerar proyectos de infraestructura y atraer mayor inversión privada.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, sostuvo una reunión con diputados de la Asamblea Nacional y miembros de la Comisión de Economía y Finanzas para explicar los cambios propuestos a la Ley 93 de 2019.

Uno de los puntos centrales es permitir que el modelo APP pueda utilizarse en infraestructura vinculada al IDAAN y la Caja de Seguro Social.

Orillac aclaró que la propuesta no plantea privatizar estos servicios. En el caso del agua, explicó que la participación privada podría aplicarse a la construcción y desarrollo de potabilizadoras, plantas de tratamiento, acueductos y líneas de conducción, mientras la comercialización y distribución continuarían bajo responsabilidad del Estado y del IDAAN.

El Gobierno también pretende reducir significativamente los tiempos necesarios para estructurar y adjudicar estos proyectos.

Según Orillac, la APP de la Panamericana Este tomó cerca de 48 meses desde su inicio hasta la adjudicación, mientras que el proyecto de la Panamericana Oeste pudo concretarse en aproximadamente 18 meses, una reducción cercana al 60%.

Otro cambio importante es el mantenimiento.

La propuesta permitiría estructurar contratos por períodos de 15, 20 años o incluso más, para que las empresas no solo construyan las obras, sino que también aseguren su conservación durante el tiempo establecido.

La Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas explicó que el proyecto modifica 13 artículos existentes e incorpora seis nuevos, tomando como referencia prácticas internacionales.

Para el Ejecutivo, el objetivo es utilizar capital y experiencia privada para cerrar brechas de infraestructura en sectores como agua, salud y transporte, manteniendo al Estado como responsable de los servicios públicos.

El proyecto deberá continuar ahora su trámite en la Asamblea Nacional.

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