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En tiempos donde una cifra aislada puede convertirse rápidamente en indignación viral, la Asamblea Nacional ha hecho algo que toda institución pública debería hacer cuando enfrenta cuestionamientos: salir a explicar.
Su presupuesto y su planilla están bajo escrutinio. Y deben estarlo. Hablamos de recursos públicos y la ciudadanía tiene derecho a preguntar cuánto se gasta, dónde se gasta y por qué.
Pero fiscalizar también exige contexto.
La Asamblea sostiene que durante los últimos 15 años su operación ha requerido recursos cercanos a B/.175 millones anuales, debido a una estructura que funciona mucho más allá de las sesiones del pleno.
El trabajo legislativo comprende 15 comisiones permanentes, equipos jurídicos, técnicos, administrativos y personal encargado de analizar, elaborar y tramitar las leyes que afectan a todo el país.
Reducir esa estructura únicamente a “diputados y planilla” ofrece una fotografía incompleta.
La institución también explicó que aproximadamente el 40% de sus funcionarios es permanente y el 60% eventual, mientras que el salario promedio ronda los B/.1,500 mensuales.
En la categoría de Asistente Administrativo I, que concentra 2,766 colaboradores, cerca de la mitad recibiría B/.1,200 mensuales, según el comunicado.
¿Significa esto que no deben revisarse nombramientos, productividad o posibles excesos?
Claro que no.
La transparencia debe ser permanente y cualquier gasto injustificado debe corregirse.
Pero existe otra verdad que tampoco puede ignorarse: un Órgano Legislativo sin recursos suficientes corre el riesgo de perder capacidad técnica e independencia frente a los demás poderes del Estado.
Defender la autonomía de la Asamblea no significa otorgarle un cheque en blanco.
Significa exigirle cuentas mientras se reconoce que legislar, fiscalizar y representar a la ciudadanía requiere estructura, profesionales y presupuesto.
El debate correcto no debería ser cuánto ruido produce una cifra.
Debería ser si cada balboa cumple una función verificable.
La Asamblea ha decidido responder con datos.
Ahora corresponde mantener esa transparencia, demostrar resultados y permitir que el ciudadano juzgue con información completa y no únicamente con titulares.
