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El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ha presentado una demanda formal para la disolución del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, fundamentó la decisión en la supuesta utilización de la violencia por parte del Suntracs como método de protesta y manifestación.
La noticia, que ha generado controversia en el ámbito laboral y social de Panamá, fue dada a conocer el 17 de julio de 2025. Según declaraciones de la ministra Muñoz, la demanda se basa en la persistente conducta del sindicato de recurrir a actos violentos durante sus manifestaciones, lo que, a juicio del Mitradel, contraviene la normativa legal vigente y perturba la paz social.
«El Suntracs utiliza la violencia como forma de manifestar», afirmó la ministra Muñoz, subrayando que esta no es la primera vez que el sindicato se ve envuelto en incidentes de este tipo. La ministra no especificó los incidentes concretos que motivaron la demanda, pero aseguró que la decisión se tomó tras una exhaustiva evaluación de las acciones del sindicato a lo largo del tiempo.
La presentación de esta demanda marca un punto álgido en la relación, a menudo tensa, entre el gobierno panameño y el Suntracs, uno de los sindicatos más poderosos y combativos del país. El Suntracs ha sido históricamente un actor clave en la defensa de los derechos de los trabajadores de la construcción, liderando huelgas y protestas en busca de mejores salarios, condiciones laborales y seguridad en el trabajo.
La noticia ha provocado reacciones inmediatas. Sectores empresariales han manifestado su apoyo a la decisión del Mitradel, argumentando que la violencia no puede ser tolerada como forma de protesta. Por otro lado, organizaciones sindicales y sociales han expresado su rechazo a la demanda, acusando al gobierno de intentar debilitar al movimiento obrero y de coartar el derecho a la protesta.
La demanda de disolución del Suntracs abre un nuevo capítulo en el panorama laboral panameño. El proceso legal se anticipa largo y complejo, con implicaciones significativas para el futuro del sindicalismo en el país. El resultado final dependerá de las pruebas que presente el Mitradel y de la valoración que haga el tribunal competente.
Es importante destacar que, independientemente del resultado del proceso legal, el debate sobre los límites de la protesta y el papel de los sindicatos en la sociedad panameña seguirá siendo relevante. La búsqueda de un equilibrio entre el derecho a la manifestación y el mantenimiento del orden público será un desafío constante para las autoridades y la sociedad civil.
