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Panamá destinará una cifra considerable de su presupuesto de 2026, específicamente $3,661 millones, al pago de los intereses generados por la deuda pública. Esta asignación, que representa una porción significativa de los recursos del Estado, ha generado preocupación y debate en diversos sectores del país.
Felipe Chapman, ministro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), explicó que este incremento en el pago de intereses se debe a dos factores principales. En primer lugar, un aumento en el volumen total de la deuda pública, cuyos detalles específicos sobre su utilización aún no se han hecho completamente públicos. En segundo lugar, el aumento generalizado de las tasas de interés a nivel global, lo que encarece el costo del endeudamiento.
Esta situación plantea varios desafíos para la administración pública. El elevado costo de los intereses de la deuda reduce la disponibilidad de fondos para otras áreas cruciales como la inversión en infraestructura, la educación, la salud y los programas sociales. Esto podría tener un impacto negativo en el desarrollo económico y social del país a mediano y largo plazo.
La opacidad en el uso de los fondos provenientes de la deuda pública también genera interrogantes. La falta de transparencia impide que la ciudadanía pueda evaluar de manera efectiva si los recursos se están utilizando de manera eficiente y en proyectos que realmente beneficien al país. La rendición de cuentas se vuelve fundamental para garantizar la confianza pública y asegurar que el endeudamiento se traduzca en un crecimiento sostenible.
El contexto internacional también juega un papel importante. El aumento de las tasas de interés a nivel global, impulsado por las políticas monetarias de los bancos centrales de los países desarrollados, afecta a economías como la panameña, que dependen del financiamiento externo. Esto exige una gestión fiscal prudente y una estrategia clara para reducir la vulnerabilidad del país ante las fluctuaciones del mercado financiero internacional.
Ante este panorama, es crucial que el gobierno panameño implemente medidas para optimizar la gestión de la deuda pública. Esto incluye mejorar la transparencia en el uso de los fondos, diversificar las fuentes de financiamiento, y buscar alternativas para reducir el costo del endeudamiento. Además, es fundamental promover un crecimiento económico sostenible que genere ingresos fiscales suficientes para cubrir las obligaciones financieras del Estado sin comprometer el bienestar social.
La discusión sobre el manejo de la deuda pública debe involucrar a todos los sectores de la sociedad, incluyendo al sector privado, la academia y la sociedad civil. Un diálogo abierto y transparente es esencial para construir un consenso sobre las mejores estrategias para garantizar la estabilidad económica y el desarrollo sostenible de Panamá.
